Las ejecuciones aumentaron un 53% en todo el mundo durante 2022

Un informe de Amnistía Internacional revela un aumento sgnificativo respecto al 2021. Arabia Saudita, Egipto e Irán fueron responsables del 90% de todas las ejecuciones conocidas

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En Irán, se documentaron 576 ejecuciones
En Irán, se documentaron 576 ejecuciones

Las ejecuciones documentadas durante 2022 aumentaron de forma significativa, según un informe realizado por Amnistía Internacional: un 53% respecto a 2021. De 579, pasaron a 883, y esta cifra no tiene en cuenta las miles que se cree que se llevaron a cabo en China, además de otros gobiernos cuyo hermetismo y prácticas restrictivas dificultan y oscurecen lo que ocurre realmente dentro de sus fronteras.

El reporte examina la aplicación judicial de la pena de muerte entre enero y diciembre de 2022. La información proviene de diversas fuentes: las cifras oficiales disponibles; las sentencias; información de personas condenadas a muerte, sus familias y representantes; medios de comunicación e informes de otras organizaciones de la sociedad civil. “En muchos países, los gobiernos no publican información sobre el uso que hacen de la pena de muerte”, aclaró la organización. “En China y Vietnam, la información sobre el uso de la pena capital está clasificada como secreto de Estado; en otros países la información disponible es escasa o nula debido a prácticas restrictivas del Estado. Por tanto, en un número significativo de países, las cifras de Amnistía Internacional sobre el uso de la pena de muerte son cifras mínimas. Es probable que las cifras totales reales sean más elevadas”.

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En 2009, por ejemplo, Amnistía Internacional dejó de publicar sus cifras estimadas sobre el uso de la pena de muerte en China, una decisión que reflejaba la preocupación por la forma en que las autoridades chinas tergiversaban las cifras de la organización.

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El fuerte aumento se debió sobre todo al significativo incremento documentado en la región de Oriente Medio y el Norte de África (Amnistía Internacional)

La investigación de la organización reveló un repunte del número de personas que fueron ejecutadas. En 2022 se llevaron a cabo al menos 883 ejecuciones, frente a las 579 que, como mínimo, se consumaron en 2021, lo que supone un incremento del 53 por ciento. Por segundo año consecutivo, se registró un aumento de las ejecuciones tras una disminución en las documentadas en 2018, 2019 y 2020. Tres países -Arabia Saudita (196), Egipto (24) e Irán (al menos 576)- fueron responsables del 90% de todas las ejecuciones conocidas.

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El fuerte aumento se debió sobre todo al significativo incremento documentado en la región de Oriente Medio y el Norte de África, donde el número de ejecuciones registradas aumentó un 59%: de 520 en 2021 a 825 en 2022. Un 93% se llevaron a cabo en estas regiones, y, de las 825 ejecuciones registradas allí, el 94% fueron en Irán (70%) y Arabia Saudita (24%).

Irán y Arabia Saudita son dos países que ejecutan habitualmente a personas tras juicios injustos. En tierra saudí, este mismo lunes se ejecutó a un ciudadanos en el norte de Riad tras haber sido condenado por haber “fundado una célula terrorista”, y ya son 22 los reos ejecutados desde principios de año. En Arabia Saudita, las ejecuciones documentadas se triplicaron, pasando de 65 (2021) a 196 (2022), el número más alto registrado por Amnistía Internacional en el país en 30 años.

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Los métodos utilizados en las ejecuciones registradas (Amnistía Internacional)

En Irán, se documentaron 576 ejecuciones, lo que representó un aumento del 83% respecto de las 314 registradas el año anterior. Esta cifra supera a la revelada hace unas semanas por Iran Human Rights (IHR) y Unidos Contra la Pena de Muerte (ECPM, por sus siglas en francés), que habían registrado un 75% más que en 2021.

Cuatro países -Arabia Saudita, China, Irán y Singapur- llevaron a cabo ejecuciones por delitos de drogas, lo que significa una violación al derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe el uso de la pena de muerte para castigar delitos que no se ajusten a lo que se entiende por “los más graves”, como un homicidio intencional. De las 325 ejecuciones confirmadas, 255 se registraron en Irán, donde los delitos de drogas fueron la causa del 44% de las ejecuciones conocidas llevadas a cabo en 2022 en el país.

Amnistía Internacional confirmó que se habían llevado a cabo ejecuciones por delitos de drogas en China, pero no tenía información suficiente para ofrecer una cifra mínima creíble.

En comparación con los informes de 2021, las ejecuciones disminuyeron de forma significativa en Egipto (de +83 a 24); Irak (de +17 a +11); Japón (de 3 a 1); Somalia (de +21 a +6); Sudán del Sur (de +9 a +5); y Yemen (de +14 a +4).

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En 2022 se llevaron a cabo al menos 883 ejecuciones (Amnistía Internacional)

En contraste, Amnistía Internacional documentó un aumento notable de las ejecuciones en Arabia Saudita (de 65 a 196); Estados Unidos (de 11 a 18); Irán (de +314 a +576); Kuwait (de 0 a 7); Myanmar (de 0 a 4); Palestina (Estado de) (de 0 a 5); y Singapur (de 0 a 11). En total, se sabe que 20 países han ejecutado un total de 883 personas, en comparación con 579 en 18 países en 2021.

Los 20 países son: Arabia Saudita, Afganistán, Bangladesh, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Japón, Kuwait, Myanmar, Palestina, Singapur, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Vietnam y Yemen.

Pero además de los retrocesos hay buenas noticias: seis países abolieron la pena de muerte total o parcialmente en 2022. Cuatro países -Kazajistán, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona y República Centroafricana- abolieron la pena capital para todos los delitos. En Kazajistán, se promulgó en enero una ley que abolía la pena de muerte. En abril entraron en vigor las reformas del Código Penal que eliminaron esta pena de la legislación de Papúa Nueva Guinea. En Sierra Leona, el 21 de abril de 2022, entró en vigor la Ley de Abolición de la Pena de Muerte de 2021, que eliminaba esta pena de la legislación del país. El 27 de junio de 2022, el presidente Faustin-Archange Touadéra de la República Centroafricana convirtió en ley un proyecto legislativo que abolía la pena de muerte que había aprobado la Asamblea Nacional un mes antes. Al concluir 2022, dos países -Guinea Ecuatorial y Zambia- habían abolido la pena sólo para delitos comunes.

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