
La Policía canadiense anunció este martes el comienzo de investigaciones que le permitirán determinar si los indicios de que hay comisarías chinas clandestinas en su territorio son reales. La denuncia se conoció tiempo atrás cuando la ONG española SafeGuard Defenders publicó un informe en el que dieron cuenta de múltiples de estas sedes en todo el mundo.
Puntualmente en Canadá, se notificó de tres en la zona metropolitana de Toronto, la mayor ciudad del país. Las autoridades calificaron la existencia de dichos establecimientos como “injerencia” de una potencia extranjera. Por su parte, la Policía Montada señaló en un comunicado que suponen una amenaza para la seguridad nacional.
El informe difundido por la ONG explica, también, la finalidad de estas comisarías clandestinas que operan en más de 50 países, así como su modus operandi.

Según informaron las propias autoridades chinas, la finalidad de estas bases en el exterior es poder brindar a sus ciudadanos asistencia en lo que respecta a trámites y procedimientos como renovación de registros de conducir y gestión de documentos. Sin embargo, en base a las denuncias de víctimas alcanzadas por los oficiales que en ellas trabajan, su objetivo es ejercer presión sobre disidentes exiliados para que vuelvan a China y afronten procesos judiciales allí.
Es por ello que, desde la Policía de Canadá explicaron que se “está investigando para determinar” si se han producido actividades criminales contra la comunidad china en el país.
“Nuestro objetivo es prevenir la intimidación, amenazas y acoso contra cualquier comunidad en Canadá así como cualquier forma de daño iniciado en nombre de una entidad extranjera”, continuaron.
A fin de contribuir a la investigación, las autoridades solicitaron al público que proporcione información sobre la existencia de dichas comisarías junto con cualquier tipo de amenaza o intimidación relacionada con las actividades en estos centros.
En las últimas semanas, otros países se han sumado a las investigaciones por la existencia de estas sedes sin el conocimiento de las autoridades locales. Tal es el caso de los Países Bajos, donde se dio cuenta de dos establecimientos -uno en Ámsterdam y otro en Rotterdam-.
Irlanda se había pronunciado al respecto semanas antes e, inclusive, exigió el cierre de la oficina en Dublín.
Por su parte, el régimen de Beijing ha negado que estas estaciones de servicio policial fuera de su país tengan un papel de vigilancia e insistió en que “brindan servicios administrativos”. Sin embargo, no pudieron explicar por qué no son las embajadas o los consulados los que realicen los trabajos que se adjudican.
La decisión de Canadá se produjo a días de que el Primer Ministro acusara a China de injerir en el país, en base a los informes de los servicios de inteligencia que denunciaron que Beijing financió al menos 11 candidatos durante las elecciones generales canadienses en el 2019.
(Con información de EFE)
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