El bombardeo aéreo contra los asistentes a un festival de música el domingo en el norte de Myanmar, que provocó entre 50 y 80 víctimas mortales, es la última prueba de la escalada de violencia de la junta militar birmana y de su supuesta “desesperación” por mantener el poder.
Era el turno de Aurali, un famoso cantante de la etnia minoritaria kachin, cuando el domingo por la noche cuatro aviones de combate del ejército birmano transformaron un festival de música en una masacre, matando e hiriendo a decenas de civiles, en el que se considera como el peor ataque aéreo desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
Aurali sucumbió al fuego de artillería en el escenario, según el portal Kachin News, mientras conmemoraba el 62° aniversario de la fundación de la Organización para la Independencia de Kachin (KIO), en una región lindante con China controlada por una guerrilla de la etnia homónima que lleva décadas enfrentada al ejército birmano.
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“Para los militares, toda la población kachin está conectada con la KIO (que tiene un brazo armado, el Ejército para la Independencia de Kachin), de modo que no distinguen entre civiles y rebeldes”, dice a EFE un portavoz del Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés).
El NUG, formado en parte por miembros del gobierno civil de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, derrocado en 2021 por los militares, condenó rápidamente el ataque por parte del que tilda de “ejército terrorista”.
Desesperación
“Es posiblemente una táctica movida por la desesperación: cuanto más fuerte ataquen a la población, creen que antes se rendirán”, dice este portavoz desde el exilio, quien considera que el Ejército “está perdiendo terreno frente a los rebeldes y ya solo les queda utilizar sus fuerzas aéreas, de las que no dispone ningún grupo”.
Un análisis prácticamente imposible de verificar desde Myanmar, dado que el país ha quedado sometido a un semi apagón informativo desde el golpe, con una renovada persecución a disidentes, periodistas y un sistema de telecomunicaciones disfuncional que lo mantiene a oscuras.
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Más aún en los lugares atacados: la localidad de Hpakant, donde ocurrió el bombardeo, se encuentra cercada y las telecomunicaciones cortadas, confirman a EFE fuentes desde el terreno que guardan el anonimato, que aseguran que los militares no permiten que los heridos sean trasladados a hospitales cercanos.
“Se habla de entre 50 y 80 fallecidos, pero es una cifra que previsiblemente va a crecer, porque hay muchos heridos graves y no pueden ser atendidos”, dicen estas fuentes.
El ataque, en general uno de los más cruentos desde que los militares se instalaron en el poder, poniendo fin a una década de transición democrática, ha sido condenado por representantes diplomáticos de diversos países, entre ellos Australia, España, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, así como varias ONG.
En un inusual comunicado, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) expresó hoy su “grave preocupación” por la reciente escalada de violencia en Myanmar e hizo un “llamamiento urgente a todas las partes involucradas” a tomar “medidas concretas”.
La declaración del grupo (formado por Myanmar, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Filipinas, Indonesia, Singapur, Malasia y Brunéi) se produce en la víspera de su reunión de emergencia este jueves en Yakarta para estudiar la situación en Myanmar.
En ella se espera que se revisen los cinco puntos de consenso alcanzados en abril del año pasado por los mandatarios de la ASEAN y el líder de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, entre los que se encuentra el “cese inmediato de la violencia” contra civiles.
Condena internacional
Un objetivo que, a tenor de lo ocurrido el domingo, parece difícil de alcanzar, entre críticas a la ASEAN y a la comunidad internacional por la falta de acción ante un conflicto con visos de enquistarse.
El golpe de Estado militar ha sumido a Myanmar en una profunda crisis política, social y económica, abriendo una espiral de violencia con nuevas milicias civiles, entre ellas el brazo armado del NUG, que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Desde el 1 de febrero de 2021, cerca de 2.400 civiles han muerto en manos de las fuerzas de seguridad birmanas, según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos de Myanmar.
“Durante más de un año y medio, la junta ha perpetrado graves abusos contra millones de personas que se oponen a su mando, cometiendo crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”, advierte en un comunicado sobre el ataque aéreo del domingo la organización Human Rights Watch (HRW).
“¿Cuánto más -añade HRW- tiene que subir el contador de muertes para que los gobiernos del mundo impongan medidas que impacten en el comportamiento de la junta?”.
(Con información de EFE)
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