La ONG Human Rights Watch (HRW) afirmó este viernes que la decisión de Rusia de cerrar su oficina en el país “fortalece” su iniciativa de “denunciar el giro de Moscú hacia el autoritarismo” y precisó que “seguirán trabajando” para que el Kremlin “respete los derechos de su pueblo”.
“Human Rights Watch ha estado trabajando en Rusia desde la era soviética y seguiremos haciéndolo”, sentenció el director ejecutivo de la ONG, Kenneth Roth, agregando que este “nuevo telón de acero” no detendrá sus “esfuerzos continuos” para “defender los derechos de todos los rusos y proteger a los civiles en Ucrania”.
HRW, que ha mantenido su oficina durante 30 años en el país, denunció en un comunicado que esta medida forma parte “de los esfuerzos para sofocar las voces críticas” en el marco, además, de la invasión a Ucrania y, recientemente, la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Así, la ONG detalló que el país ha aprobado leyes que criminalizan informes de guerra independientes, así como las protestas contra la guerra. “Estas son las más recientes de muchas leyes y medidas represivas adoptadas en los últimos diez años que han tenido como objetivo diezmar a la sociedad civil y han obligado a cientos de activistas, periodistas, críticos y abogados de Derechos Humanos a exiliarse”, dijo.
Además, HRW indicó que trabaja otros temas en el país, que se quedarán sin cobertura, como la violencia doméstica; los derechos de las personas con discapacidad; los de las personas mayores y también los derechos laborales y los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo.
Rusia ha anunciado este viernes la expulsión de la oficina de Amnistía Internacional (AI) en Moscú, así como las de otras catorce ONG como Human Rights Watch (HRW) o Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) de su lista de organizaciones internacionales extranjeras por “violaciones a la legislación rusa”
El Ministerio de Justicia ruso informó el viernes en un comunicado de que había revocado el registro de 15 organizaciones extranjeras, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Las unidades rusas de las organizaciones, entre las que se encontraba también la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, “fueron excluidas debido al descubrimiento de violaciones de la legislación vigente de la Federación Rusa”, según el comunicado.
Rusia también cerró las oficinas locales de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, la Fundación Friedrich Ebert, la Fundación Aga Khan, la Asociación Wspolnota Polska y otras organizaciones.
(Con información de Europa Press)
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
Trump advirtió que Estados Unidos “destruirá” el yacimiento de gas de South Pars si el régimen de Irán vuelve a atacar a Qatar
“No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción por las implicaciones a largo plazo que tendrá en el futuro de Teherán”, afirmó el mandatario. Sin embargo, advirtió: “No dudaré en hacerlo” si las instalaciones energéticas de Doha vuelven a ser blanco de ataques
El régimen de Irán lanzó un ataque con misiles de racimo contra Cisjordania que dejó al menos tres muertos
Durante la noche del miércoles, un bombardeo impactó en un salón de belleza, dejó además trece personas heridas, según fuentes sanitarias
Trump suspendió una la ley de 100 años para abaratar el petróleo en medio de la guerra con Irán
El presidente eximió durante 60 días la norma centenaria que obliga a usar barcos estadounidenses en el comercio costero; expertos advierten que el impacto en los precios de la gasolina será mínimo
La guerra paraliza el Gran Bazar de Teherán en vísperas del Año Nuevo persa
El conflicto iniciado el 28 de febrero ha sumado una nueva capa de devastación económica a una población que ya sufría una inflación del 36% anual. Comerciantes y compradores describen caídas del negocio y alzas de precios que superan incluso esa cifra
Ante la escasez por “turismo de combustible”, un país estudia limitar la venta y subir el precio a extranjeros
Las estaciones de servicio enfrentan dificultades para mantener las reservas debido al aumento de compradores foráneos, mientras el gobierno evalúa imponer restricciones y recargos con el fin de garantizar el acceso para los residentes
