El Parlamento de Austria votó el jueves a favor de implementar la vacunación obligatoria contra el COVID-19 para adultos a partir del 1 de febrero, el primero de su tipo en Europa.
Los legisladores votaron 137 a 33 a favor de la orden de vacunación, que se aplicará a todos los residentes de Austria de 18 años en adelante. Están exentas las mujeres embarazadas, aquellos que por razones médicas no pueden vacunarse y las personas que se han recuperado de una infección por coronavirus en los últimos seis meses.
Las autoridades señalaron que la orden es necesaria debido a que las tasas de vacunación siguen siendo demasiado bajas en el pequeño país alpino.
El ministro de Salud, Wolfgang Mueckstein, dijo el jueves por la tarde ante el Parlamento que la medida representa un “paso enorme y, por primera vez, perdurable” en el combate contra la pandemia en Austria.
“Esta es la manera en que podemos lograr escapar del ciclo de aperturas y cierres, de confinamientos”, dijo, señalando que se trata no sólo de combatir la variante Ómicron, sino toda variante futura que pueda surgir. “Es por eso que esta ley es tan necesaria urgentemente justo ahora”, añadió.
El gobierno austriaco anunció primero el plan de un mandato de vacunación universal en noviembre, al mismo tiempo que impuso un confinamiento que ahora ha levantado, y en medio de preocupación de que la tasa de vacunación en Austria era muy bajo en comparación con Europa Occidental. Hasta el miércoles, el 71,8% de los 8,9 millones de habitantes del país era considerado vacunado por completo.
El gobierno de coalición del canciller Karl Nehammer trabajó con dos de los tres partidos de oposición en el Parlamento en el plan para la implementación del mandato. El plan indica que el mandato de la vacuna entra en vigor a inicios de febrero, pero su aplicación iniciará en marzo.
Para empezar, las autoridades escribirán a todos los hogares para informar sobre las nuevas reglas.
A partir de mediados de marzo, la policía empezará a revisar el estatus de vacunación de la población por medio de revisiones de rutina; a la gente que no pueda ofrecer pruebas de vacunación se le pedirá por escrito que lo haga y se le impondrá una multa de hasta 600 euros (685 dólares) en caso de que no cumpla.
Se prevé que el mandato se mantenga en vigor hasta finales de enero de 2024.
(Con información de AP)
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