El dictador Alexander Lukashenko busca modificar la Constitución de Bielorrusia para permanecer en el poder hasta 2035

El régimen de Bielorrusia dio a conocer este lunes un borrador que propone enmiendas a la Constitución que permitirían al dictador Alexander Lukashenko permanecer en el cargo hasta 2035.

Las propuestas aparecieron publicadas en el sitio web oficial de la presidencia y en el portal de la agencia estatal de noticias Belta el lunes, y se ha instado a la población a hacer comentarios y sugerencias al respecto.

Las enmiendas restablecen los límites a los periodos presidenciales que fueron abolidos durante el gobierno de Lukashenko, lo que permite que un presidente permanezca en el cargo solamente por dos periodos de cinco años. Sin embargo, las restricciones entrarán en vigor sólo una vez que “un presidente electo recientemente” asuma el cargo, lo que otorgaría a Lukashenko -quien gobierna desde 1994- una oportunidad para postularse para dos periodos más una vez que su gobierno actual termine en 2025.

“Lukashenko abrió un camino hacia la presidencia para sí mismo al menos hasta 2035, cuando tendrá 81 años”, dijo la analista política independiente Valery Karbalevich a la agencia AP.

Otros cambios a la Constitución incluyen extender el periodo del Parlamento de cuatro años a cinco, presentar a la Asamblea del Pueblo de Bielorrusia como un nuevo órgano que opere en paralelo con el Parlamento y otorgue inmunidad a los ex presidentes ante acusaciones por acciones que tomaron durante su periodo en el cargo.

En ese sentido, el presidente sólo puede ser destituido por la Asamblea Popular de Toda Bielorrusia, que es acuñada en la Carta Magna como “máximo órgano representativo”.

El proyecto precisa que el jefe del Estado será relevado en caso de violación burda o sistemática de la Constitución, alta traición u otro crimen grave.

Durante los cinco años de mandato dicha asamblea, que estará integrada por miembros de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y de la sociedad civil, y diputados municipales, se ocupará de determinar la política interior y exterior, la estrategia de desarrollo económico y la doctrina militar y de seguridad nacional.

También podrá declarar el estado de emergencia o la ley marcial, enviar tropas al extranjero, proponer enmiendas a la Constitución y la celebración de referéndum, y también valorar la legitimidad de los procesos electorales.

El artículo 89 dictamina que, una vez abandonado el cargo, el presidente no podrá será perseguido judicialmente, lo que garantiza la inmunidad de Lukashenko, en el poder desde 1994.

Según la Carta Magna, el ruso y el bielorruso son los idiomas oficiales del Estado; se prohíbe la financiación electoral extranjera y se promueve el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos.

Además de defender el arreglo pacífico de los conflictos y no injerencia en los asuntos de otros países, descarta una agresión militar a otro país desde el territorio nacional.

En un intento de superar la crisis política en 2020, Lukashenko acordó con el presidente ruso, Vladimir Putin, que reformaría la Constitución.

Las enmiendas serán sometidas a un referéndum previsto para febrero de 2022, y serán consideradas aprobadas si más del 50% de los votantes se muestran a favor.

En el comunicado, el dictador bielorruso indicó que el Centro Nacional de Información Legal coordinará la recopilación de opiniones de los ciudadanos sobre los proyectos de enmiendas y adiciones a la Constitución.

Durante sus 27 años al frente de la ex república soviética en un gobierno de mano dura, Lukashenko ha realizado tres referéndums, abolido los límites de los periodos presidenciales, enmendado la Constitución y ha devuelto los símbolos del Estado parecidos al periodo soviético.

Lukashenko, en el poder desde 1994, encara su un sexto mandato tras las fraudulentas elecciones celebradas en agosto de 2020. Desde entonces el régimen aumentó la persecución contra la oposición, enviando a prisión a varios dirigentes políticos y activistas, mientras que otros se fueron al exilio.

Ante este contexto, la comunidad internacional, con Estados Unidos y la Unión Europea (UE) a la cabeza, aplicó fuertes sanciones contra Lukashenko y su gobierno.

La oposición en el exilio demanda nuevas elecciones sin la participación de Lukashenko, la puesta en libertad de todos los detenidos y el procesamiento judicial de los funcionarios que ordenaron la represión violenta de las protestas.

(Con información de AP y EFE)

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