
El ejército de Myanmar proclamó este lunes el estado de emergencia por un período de un año y nombró a un general como presidente interino, después de detener a la jefa del Gobierno civil Aung San Suu Kyi y a otros altos cargos.
Esta decisión es necesaria para preservar la “estabilidad” del Estado, afirmaron los militares en una declaración en la cadena de televisión del ejército NAME. Acusaron a la comisión electoral de no haber subsanado las “enormes irregularidades” que se produjeron, según ellos, durante las elecciones legislativas de noviembre, que ganó el partido de Aung San Suu Kyi.
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La líder de Myanmar Aung San Suu Kyi y otras importantes figuras del partido gobernante fueron detenidos en una operación temprano en la mañana, dijo el lunes el portavoz de la gubernamental Liga Nacional para la Democracia. Los arrestos se producen tras días de tensiones al alza entre el Gobierno civil y el poderoso ejército.
El portavoz Myo Nyunt dijo a Reuters por teléfono que Suu Kyi, el presidente Win Myint y otros líderes fueron “llevados” en las primeras horas de la mañana. “Quiero decir a nuestra gente que no responda de forma precipitada y quiero que actúen conforme a la ley”, afirmó, agregando que también esperaba ser detenido.
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El Ejército se apoderó este lunes por la mañana del ayuntamiento de Rangún. Cinco camiones militares se desplegaron en el recinto del ayuntamiento y los soldados hacían retroceder a las personas en la entrada, según un periodista de AFP. El acceso a internet y a todas las telecomunicaciones seguía muy perturbado.
Los soldados también tomaron el control de la cadena de televisión pública MRTV, apuntó el medio en un mensaje de Facebook al que miles de usuarios respondieron con las etiquetas “Necesitamos democracia”, entre otras. Efectivos castrenses también tomaron una de las compañías de telecomunicación que opera en el país.
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Por su parte, Estados Unidos instó a los militares a liberar a los dirigentes detenidos, incluyendo la nobel y antiguo ícono de la democracia, Aung San Suu Kyi, jefa de facto del Gobierno, y amenazó con una respuesta de Washington.
“Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las recientes elecciones o impedir la transición democrática, y tomaremos acciones contra los responsables si esas medidas no se revierten”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki en un comunicado.
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“Instamos a los militares y a todas las partes a adherirse a las normas democráticas y el Estado de derecho, y liberar a quienes fueron detenidos hoy”, añadió la vocera del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden.
A su vez, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “condenó firmemente” el arresto por el ejército de la jefe de facto del gobierno birmano, Aung San Suu Kyi, y de los otros dirigentes políticos en ese país.
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“La declaración de transferencia de todos los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales a los militares (...) representa un duro golpe a las reformas democráticas en el país”, añadió Guterres.
El poderoso Ejército, que mediante una sucesión de juntas militares gobernó el país durante casi medio siglo, rechazó el sábado los rumores y garantizó en un comunicado su compromiso con la defensa de la Constitución. De esta forma, sofocó temporalmente los rumores de golpe que se han ido intensificando desde que el pasado martes el portavoz militar Zaw Min Tun se negara a descartar la toma del poder por parte del Ejército tras denunciar supuestas irregularidades en las elecciones legislativas del pasado 8 de noviembre.
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La premio Nobel de la Paz Suu Kyi, de 75 años, llegó al poder tras arrasar en las elecciones en 2015, después de décadas de arresto domiciliario en una lucha por la democracia que la convirtió en un ícono internacional. Su última y aplastante victoria electoral demostró su gran popularidad en Myanmar, a pesar de su mala reputación internacional por las políticas contra la minoría rohinyá, a la que gran parte se le niega la ciudadanía y el voto, entre otros derechos.
Myanmar había sido celebrado como un raro caso en el que los generales cedían voluntariamente parte del poder a los civiles, honrando los resultados de las elecciones de 2015 que llevaron al poder a la Liga Nacional para la Democracia, cuyos representantes habían pasado años en la cárcel por su oposición política a los militares. Pero el Ejército, dirigido por el general en jefe Min Aung Hlaing, ha mantenido importantes palancas de poder en el país.
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El país puso fin hace 10 años a un régimen militar en el poder durante casi 50 años. La Constitución, redactada por la junta, prevé que civiles y generales compartan el poder. Pero desde hace semanas, el poderoso ejército denuncia reiteradamente irregularidades durante las elecciones generales de noviembre, en las que la gobernante Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi se impuso.
Los militares reclamaron verificar las listas electorales, una petición reiterada el martes por el vocero del Ejército, que no excluyó que estos retomen las riendas del país para hacer frente a lo que denominan una crisis política.
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La tensión escaló el miércoles pasado cuando el jefe del Ejército, el poderoso general Min Aung Hlaing, declaró que la Constitución del país podía “revocarse” en determinadas circunstancias. Sus comentarios -traducidos al inglés y publicados en el periódico Myawady, dirigido por el ejército- provocaron gran conmoción en la naciente democracia.
Las elecciones de noviembre fueron las segundas elecciones democráticas en en el país desde el fin del régimen de la junta en 2011.
(Con información de AFP)
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