Los esfuerzos de las autoridades para hacer cumplir las medidas restrictivas frente a la pandemia de coronavirus han derivado en violaciones a los Derechos Humanos en unos 60 países, según un informe de Amnistía Internacional que denuncia actuaciones policiales “abusivas” y una “excesiva dependencia” de las fuerzas de seguridad.
La ONG da cuenta de casos de discriminación, arrestos arbitrarios, palizas e incluso homicidios, como en el caso de Kenia, donde siete personas murieron y otras 16 fueron hospitalizadas por actuaciones policiales en los cinco primeros días de toque de queda, o de Irán, donde se ha constatado el uso de munición real y gases lacrimógenos para reprimir protestas en cárceles.
En Venezuela, al menos 12 trabajadores de la salud han sido detenidos y llevados ante los tribunales durante la pandemia luego de hacer referencia a preocupaciones concernientes a la seguridad sanitaria. Además, las autoridades pusieron en cuarentena en centros inadecuados, a menudo bajo control militar, a decenas de miles de migrantes y refugiados que regresaban al país. Funcionarios gubernamentales de alto nivel describieron a estos refugiados que retornaban de Colombia como “traidores” y “armas biológicas” enviadas para infectar a las personas que viven en Venezuela.
El director adjunto del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional, Patrick Wilcken, recordó también los casos de “un adolescente a quien la policía angoleña disparó en la cara por infringir presuntamente el toque de queda o el de un hombre a quien la policía salvadoreña disparó en las piernas cuando salió a comprar comida”.
La organización alerta, además, de detenciones masivas y arbitrarias, con justificaciones que van desde no respetar las medidas de cuarentena a incumplir las restricciones de viaje, celebrar reuniones o criticar públicamente la gestión de las autoridades, lo que abre la puerta a la represión de la disidencia.
En Palestina, Polonia, China, Bangladesh, Madagascar, Eswatini, India, Túnez, Níger, Camerún, entre otros países, periodistas, blogueros, defensores de los derechos humanos y activistas políticos han sido citados a interrogatorio o arrestados por expresar sus opiniones sobre las medidas contra la enfermedad de COVID-19.
En República Dominicana, por ejemplo, las autoridades detuvieron a unas 85.000 personas entre el 20 de marzo y el 30 de junio, supuestamente por no respetar el toque de queda, mientras que en Turquía fueron arrestadas más de medio millar de personas simplemente por “compartir publicaciones provocadoras sobre el coronavirus”.
“En todo el mundo, las fuerzas de seguridad están violando ampliamente el derecho internacional durante la pandemia, al hacer uso excesivo e innecesario de la fuerza”, denunció Wilcken, quien cree que en algunos casos las medidas de restricción aplicadas “no han sido en absoluto razonables ni justificadas”.
En este sentido, indicó que, “aunque la función de las fuerzas del orden es esencial en estos momentos para proteger la salud y la vida de las personas”, el uso excesivo de las restricciones puede “empeorar las cosas”.
Amnistía Internacional estima que las detenciones, el uso de la fuerza generalizado y la dispersión de manifestaciones han aumentado el riesgo de contagio, tanto para policías como para los civiles que se ven afectados por las intervenciones.
En la misma línea, la directora del Programa Policía y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Países Bajos, Anja Bienert, consideró “esencial” que las autoridades antepongan las “buenas prácticas de salud pública” a “enfoques coercitivos” que “han resultado contraproducentes”.
Bienert señaló, además, que la actuación de las fuerzas de seguridad deben tener unos límites, en virtud de los cuales los agentes deben rendir cuentas en caso de que se cometan excesos. Sin rendición de cuentas, “se dará luz verde a nuevos abusos de poder”, aseguró.
CON INFORMACIÓN DE EUROPA PRESS
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