La rebelión del campo en España: el primer desafío que enfrenta el gobierno del PSOE y Podemos

Las protestas de agricultores y ganaderos que agitan España desde finales de enero han llegado esta semana a Madrid con una consigna clara: “O se alcanza una solución o esta crisis va a explotar”. Ese es el mensaje que varios manifestantes han transmitido a Infobae esta semana frente al Ministerio de Agricultura, donde varios cientos de personas se reunieron para protestar contra la crisis que atraviesa el sector agrario.

“El problema no es nuevo, hace más de 20 años que vinimos por primera vez a Madrid para pedir lo mismo que ahora. No puede ser que los costes de nuestro trabajo y el precio de la vida suban cada año mientras nos siguen pagando lo mismo que hace dos décadas por nuestros productos. ¿Quién puede sobrevivir así?”, se pregunta Luis Calvo, de 67 años, que ha venido a la capital española en tren desde la provincia de Guadalajara.

Aunque él ya está jubilado, su familia sigue trabajando en el campo. Igual que hicieron sus padres y antes que ellos sus abuelos. “Si no es por las subvenciones nos morimos, estamos a punto de desaparecer”, lamenta.

Su situación es parecida a la de otros manifestantes con los que hablamos. Todos se quejan del aumento de los costes (gasóleo, fertilizantes, seguro agrario) y del estancamiento de los precios. Apuntan a los grandes distribuidores como responsables de su desgracia, por vender en las grandes superficies sus productos a precios más bajos del coste de producción.

“He trabajado gran parte de mi vida en el campo, sé muy bien lo que cuesta coger la aceituna, criar cerdos, cultivar tomates. Hay que hacer un sacrificio diario para salir adelante y todo eso para ganar una miseria. Estamos aquí para que el nuevo gobierno defienda nuestros derechos en Europa”, nos cuenta Paco Redondo, de Montilla (Córdoba), entre el ruido de cencerros, pitos y bocinas de la manifestación.

Tienen miedo de que la Unión Europea, tras el Brexit, se vea obligada a reducir las ayudas a la política agraria común, imprescindibles en muchos de los casos para su supervivencia. Y cada vez enfrentan más dificultades para exportar por los aranceles impuestos con la política proteccionista de los Estados Unidos de Donald Trump y por el veto de Rusia a ciertos productos.

Los acuerdos comerciales con países fuera del Eurogrupo les obliga a competir frente a la importación de productos más baratos (y que no deben pasar los controles de calidad que se exigen a los socios comunitarios) procedentes de países como Sudáfrica, Argentina o Marruecos. En el caso del acuerdo alcanzado entre la UE y Mercosur -que en España ha sido recibido con entusiasmo por sectores como el del automóvil, el calzado y el textil-, lejos de favorecer a estos agricultores y ganaderos, amenaza su futuro.

Hoy la agricultura apenas representa el 2.7% del producto interior bruto del país (incluyendo la ganadería y la pesca) y el 4% del empleo. Las cifras caen cada año. Sin embargo, España es el octavo exportador de alimentos del mundo. El sector sigue jugando un papel estratégico para los intereses nacionales, no sólo para el abastecimiento de la población sino para la economía de cara al exterior.

Con el lema “Agricultores al límite” las protestas del campo han ido tomando España durante los últimos días. Arrancaron el 28 de enero en las comunidades del norte del país, Galicia, Aragón y País Vasco, y de ahí saltaron a regiones donde el sector agrario todavía es estratégico como Castilla y León, Andalucía y Extremadura, donde hubo enfrentamientos violentos con la policía.

La imagen de un señor mayor con un chaleco amarillo empujado por las fuerzas de seguridad se coló en las portadas de la prensa nacional, donde se advierte que “una chispa está prendiendo en el campo”. No fue el único incidente: olivareros cortaron las autopistas, un grupo de agricultores destruyó miles de parras de un viñedo como forma de protesta y otro mutiló los troncos de su explotación con una motosierra.

A Madrid querían llegar con sus tractores al grito de “Si el campo se muere, la ciudad no come”, pero las autoridades se lo prohibieron para evitar cortes de tráfico en la capital.

La manifestación en Madrid ha sido pacífica, apenas reunió a 500 personas. Pero los asistentes advierten: “Si no nos hacen caso, estamos dispuestos a llegar a donde sea”, dicen desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

El nuevo gobierno teme que la situación se le vaya de las manos y termine como en Francia con las protestas masivas de los chalecos amarillos. Por eso se ha apresurado a establecer una ronda de reuniones para buscar una solución. “La situación es absolutamente inaceptable”, ha dicho el presidente socialista Pedro Sánchez.

Una de las últimas decisiones que ha podido agitar las protestas es la subida del salario mínimo interprofesional un 5.5% hasta los 950 euros al mes, que era una de las promesas estrella durante la campaña del PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos progresistas al frente del nuevo gobierno.

Los responsables de las organizaciones agrarias aseguran que perjudicará a sectores de mano de obra intensiva como las hortalizas, las frutas o el viñedo. “Creo que aquí hay un falso debate que no tiene nada que ver con las movilizaciones. Es un problema de precios y de márgenes”, ha respondido el ministro de Agricultura, Luis Planas.

A todo lo anterior se suman los nuevos hábitos de los consumidores y los efectos del cambio climático, que han echado a perder varias cosechas durante los últimos años, como señala la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

¿Por qué la chispa prendió ahora?

“Es ahora o nunca”, dice Pedro Vacas, un señor mayor que viste una boina típica en las zonas rurales de España y que graba cada detalle de la manifestación con su celular.

El sector del campo en España ha protagonizado numerosas manifestaciones durante los últimos años pero nunca antes había estado tan unido. Ahora defienden juntos algo común: su futuro.

Cuando le preguntamos a Pedro Vacas por qué protestar ahora unidos y no antes, tiene muchas razones. De fondo hay una lucha por un sector que no quiere desaparecer arrastrado por las nuevas dinámicas de la globalización.

Tras varios meses de inestabilidad política en España, ahora tienen un interlocutor al que dirigirse, un gobierno que además habló en campaña de atender las necesidades de “la España vaciada”, una expresión que se ha popularizado en los últimos años por el éxodo masivo del campo a los grandes núcleos urbanos.

Madrid es un ejemplo de esta realidad: aunque la actividad ocupa el 62% del territorio de la comunidad, sólo aporta el 0.002% de la economía regional. “El sector agrario en Madrid existe”, reivindica Jesús Anchuelo, responsable de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Gabino y José Miguel han venido juntos a la protesta desde Valverde de Alcalá, una localidad a 40 kilómetros al este de Madrid, de apenas 400 habitantes. Se sienten una especie en extinción. “En el pueblo hay una veintena de cultivos pero sólo cinco personas vivimos del campo, los demás tienen otros trabajos. Cada vez resistimos menos. Los políticos sólo se movilizan por los votos y nosotros, por desgracia, somos cuatro gatos, aquí en la capital no les importamos”, reflexionan.

“El Gobierno está preocupado por la preocupación del sector”, reconoce el ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas. Entre las medidas que ha puesto sobre la mesa en las negociaciones con las tres grandes asociaciones del campo (UPA, ASAJA y COAG) están las de erradicar “prácticas comerciales abusivas” como las rebajas que hacen las grandes superficies con productos como el aceite y la leche hasta derrumbar sus precios en el mercado.

Los afectados denuncian que en los supermercados venden el kilo de naranjas a casi 2 euros mientras ellos, los agricultores, apenas reciben 15 o 20 céntimos. Se sienten asfixiados con el cada vez más estrecho margen de beneficios. Los costes de producción ya suponen casi la mitad del valor final, cuando hace unos pocos años apenas llegaba a la tercera parte.

El ministerio de Agricultura ha convocado a las grandes cadenas alimentarias que operan en España, entre ellas Mercadona, Carrefour, Alcampo, Eroski, Lidl y Supercor para buscar vías que les permitan “valorizar el trabajo de los agricultores”.

“Comparar los precios de origen y destino olvidando todo lo que sucede entre medias es desconocer la realidad de nuestra economía y del sistema de la cadena de valor”, ha respondido Aurelio del Pino, por parte de la Asociación de Cadenas de Supermercados que aglutina a varios de estos grupos con presencia en todo el territorio nacional.

El creciente malestar del campo español amenaza con convertirse en un quebradero de cabeza para el nuevo gobierno. El reto de la España interior y vaciada deberá ser afrontado antes de lo que el ejecutivo pensaba. Las consecuencias de las protestas de esa parte del país que ha sido olvidada durante tantos años por los políticos son todavía impredecibles.