Pedro Sánchez (REUTERS/Sergio Pérez)
Pedro Sánchez (REUTERS/Sergio Pérez)

El dirigente socialista español Pedro Sánchez defendió este sábado ante el Congreso su candidatura para liderar un inédito gobierno de coalición de izquierdas que termine con ocho meses de bloqueo político y haga del diálogo en Cataluña “una prioridad absoluta”.

No se va a romper España, no se va a romper la Constitución, aquí lo que se va a romper es el bloqueo”, dijo de entrada el líder del PSOE ante los reproches de derecha y la ultraderecha, que lo acusan de “vender” España a los independentistas.

El gobierno va a trabajar para superar el conflicto político en Cataluña (...) El diálogo siempre dentro de la Constitución será una prioridad absoluta”, insistió el actual jefe de gobierno en funciones.

El debate debe alargarse hasta el martes cuando se prevé el fin de la parálisis iniciada con la celebración de las elecciones de abril, el posterior fracaso en la formación de un gobierno y la repetición de los comicios el 10 de noviembre.

Primera fuerza con 120 diputados, los socialistas del PSOE buscan un gobierno junto a la izquierda radical Podemos (35 diputados) con un programa social, ecologista y feminista.

Entre sus medidas figuran un aumento del salario mínimo y de impuestos a las clases altas, la derogación parcial de una reforma para liberalizar el despido, una ley de emergencia climática o el endurecimiento penal en las agresiones sexuales.

En un fragmentado Congreso de 350 diputados, Sánchez perderá la primera votación del domingo, que requiere mayoría absoluta, y deberá esperar al martes en una segunda tanda donde le bastan más síes que noes.

Sánchez compareció en el Congreso (REUTERS/Sergio Pérez)
Sánchez compareció en el Congreso (REUTERS/Sergio Pérez)

“No se va a romper España”

Esta la tiene a priori asegurada gracias al respaldo o la abstención de varias formaciones regionales, entre ellas los independentistas catalanes de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC).

Estos acordaron con el PSOE “una mesa de diálogo” entre el gobierno y las autoridades regionales cuyos acuerdos se someterán “a consulta de la ciudadanía de Cataluña”, considerada por la derecha como un ataque a la unidad nacional.

Entre abucheos de la bancada opositora, el socialista reconoció la existencia de “un conflicto de naturaleza política” en Cataluña, escenario en 2017 de un fallido intento de secesión.

Así, afirmó que un amplio sector de Cataluña mantiene “un sentimiento de agravio respecto a las instituciones centrales” y otro que “se siente ignorado o tratado injustamente por las instituciones de su tierra” dirigidas por los separatistas.

“La solución no vendrá de la imposición de una percepción sobre otra”, insistió. “Hay que retomar la única vía posible, la política” y “dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor ha causado”.

A mediados de octubre, la condena de altas penas de cárcel de nueve dirigentes implicados en esa tentativa de secesión desencadenó fuertes protestas en la región, en ocasiones violentas.

El principal penado fue el dirigente preso de ERC, Oriol Junqueras, firme defensor de esta estrategia de diálogo con Madrid desdeñada por los otros partidos separatistas.

Desde el partido Juntos por Cataluña (JxC), del ex presidente Carles Puigdemont, se oponen a este pacto del que en teoría deben participar al liderar el gobierno regional catalán en coalición con ERC.

La situación se envenenó el viernes, cuando la autoridad electoral española ordenó la inhabilitación como diputado regional del presidente catalán Quim Torra (JxC) lo que podría despojarle del cargo.

El Congreso español (REUTERS/Sergio Pérez)
El Congreso español (REUTERS/Sergio Pérez)

Preocupación de la patronal

De conseguir finalmente la investidura, algunos analistas cuestionan la estabilidad del primer gobierno central de coalición desde el fin de la dictadura de Francisco Franco (1975).

En un Congreso altamente fragmentado y polarizado, con la extrema derecha Vox aupada como tercera fuerza, el ejecutivo estará en minoría y necesitará múltiples apoyos para sacar adelante su programa.

Desde los círculos empresariales también muestran su preocupación por el programa del futuro gobierno cuando el fuerte dinamismo económico iniciado en 2014 desacelera en un contexto mundial desfavorable.

La principal patronal CEOE, sus medidas “impactarán de forma muy negativa” en el empleo, las empresas y las inversiones.

Llegado al poder en junio de 2018 con una moción de censura contra el conservador Mariano Rajoy, Sánchez aumentó el salario mínimo un 22%, apostó por el feminismo con un gabinete con 11 ministras y exhumó a Franco de su monumental mausoleo cerca de Madrid.

(Por Laurence BOUTREUX, con Daniel BOSQUE en Barcelona - AFP)