
El proceso iniciado contra cinco hombres acusados de violar en grupo a una joven de 18 años durante la fiesta de San Fermín, en España, de 2016 comienza este lunes su última etapa, que será la instancia en la cual los fiscales y la defensa defiendan sus informes finales y esperen la sentencia.
Conocido como el caso de La Manada, por el nombre del grupo de WhatsApp que reunía a los cinco amigos, el proceso ha conmocionado al país en un contexto global por la denuncia del acoso sexual, originado, en parte, por el destape masivo en Hollywood, y con el foco puestos en los excesos contra las mujeres ocurridos usualmente durante los Sanfermines.
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Hasta el momento, el juicio se había celebrado a puertas cerradas para preservar la intimidad de la víctima, especialmente debido a que fiscalía y defensa diseccionaron los 96 segundos de filmación del hecho que se recuperaron de los celulares de los acusados, los primeros para intentar probar el engaño y la violación y los segundos para demostrar si habría sido consensuado.

Pero las dos sesiones pautadas para lunes y martes, en las que se presentarán las conclusiones como previas a la sentencia, se realizarán por primera vez a puertas abiertas en la Audiencia de Navarro, donde se celebra el juicio desde el 13 de noviembre.
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Al respecto se preparaba un intenso operativo para controlar que los 46 periodistas y 24 ciudadanos que llenarán la sala dejen afuera sus celulares, computadoras, tabletas, relojes, grabadoras y cualquier otro dispositivo que podría ser usado para tomar imágenes y sonidos tanto del video de prueba como de la víctima y los acusados, según señaló el periódico El País.
Los 96 segundos de filmación incluyen siete fragmentos recuperados de los teléfonos de dos de los acusados, un guardia civil y un militar. Uno de los acusados había borrado los videos argumentando que no quería que lo viera su novia, pero la policía logró recuperarlos.
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Según la fiscalía, las imágenes muestran que la joven "adopta un rol pasivo y neutro", que sus movimientos son "dirigidos y/o controlados" por los acusados, que no hay diálogo y que ella permanece con los ojos cerrados.
La defensa, en cambio, sostiene que en un tramo de seis segundos del video existe una "sincronización de relaciones" que demuestra una "película porno casera".
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Ambas partes acuerdan en las circunstancias: los jóvenes y la chica se conocieron en la Plaza del Castillo, conversaron y se colaron en un edificio en la calle Paulino Caballero. Según los acusados, la idea era tener sexo desde el principio. Según la víctima, la oferta era para fumar marihuana. La Manada no tenía esa droga encima, pero sí habían consumido cocaína, y luego de 20 minutos, abandonaron a la joven completamente desnuda, tras robarle el celular.
El caso ha resonado fuertemente en España precisamente por los anteriores intentos de la defensa de desprestigiar a la víctima con un informe realizado por una detective privada sobre sus publicaciones en redes sociales, que fue luego retirado de la causa, ya que "podía atentar contra la intimidad de la chica".
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El sábado, miles de personas marcharon en 50 ciudades de España para protestar ante la violencia contra las mujeres, en un serie de eventos liderados por organizaciones sociales, partidos y sindicatos bajo la consigna "yo sí te creo". Esta jornada llega en un momento en el que en España se han registrado ya 45 mujeres asesinadas este año, una más que en todo 2016, según consignó la agencia EFE.
La fiscalía está pidiendo condenas de 22 años y 10 meses para cada uno de los cincos acusados y una indemnización de 100.000 euros (que podrían llegar a 250.000) por agresión sexual, contra la intimidad e incluso robo con violencia, ya que a la joven le sustrajeron el celular "por avaricia", confirmó el acusado Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil del grupo.
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Dos abogadores defensores están pidiendo, en cambio, la absolución, y el letrado que defiende a Guerrero busca la nulidad del proceso por "vulneración de derechos fundamentales".
La Manada está sospechada, también, de haber agredido sexualmente a otra chica en Pozoblanco, Córdoba, dos meses antes de los hechos ocurridos en la fiesta de San Fermín de 2016. En esa ocasión, en la que habrían drogado a la víctima, no participó Guerrero, quien estaba de servicio. Aún se espera la fecha para el inicio del juicio.
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Además, tres de los acusados, José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo y Ángel Boza, tienen antecedentes penales por robo, lesiones y por conducir ebrio, respectivamente, informó El País. El quinto de los acusados es Jesús Escudero.
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