El bloque opositor mexicano celebró el rechazo de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la Cámara de Diputados al no alcanzarse la mayoría calificada por parte de Morena y sus aliados.
Sin embargo, una vez terminada la discusión, de forma imprevista, la diputada por el partido guinda Graciela Sánchez Ortiz entregó a Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva, una copia del Plan B del presidente con el que se hacían diversas modificaciones a leyes secundarias.
Lo anterior causó gran indignación por parte de los partidos que conforman la coalición Va por México (PRI, PAN, PRD) quienes se retiraron del recinto legislativo y a pesar de su voto en contra, las modificaciones fueron aprobadas.
Pero esto no solo ocasionó enojo dentro del bloque opositor, sino también dentro del partido guinda, pues uno de sus militantes, que se ha convertido en meses recientes en uno de los más duros críticos del gobierno, expresó su molestia.
Se trata de quien aspirara a la jefatura de Morena, Gibrán Ramírez, quien reprochó que los diputados del guinda y sus aliados del Partido Verde (PEVM) y Partido del Trabajo (PT), habían aprobado una reforma destructiva sin siquiera haberla leído.
Igualmente en charla para Milenio afirmó que, al hablar con varios legisladores, le afirmaron que el dictamen les había llegado iniciada la sesión y aseguró que los legisladores ni siquiera la habían leído antes de presentarla.
“No la leyeron, yo hablé con varios diputados, les dieron ya entrada la sesión (...) probablemente ni siquiera el que la juntó en el documento de Word, la leyó completa”, acusó el morenista.
Afirmó también que a pesar de que tiene cosas buenas, el Plan B trata de debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y la rama administrativa al servicio profesional. Por lo que señaló que no respeta la constitución y uno de sus objetivos es que el Instituto no pueda actuar en contra de las campañas anticipadas.
El Plan B, aprobado por 251 votos a favor, reformó seis leyes secundarias: la Ley General de Comunicación Social, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Al respecto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López afirmó que las modificaciones no representan ninguna inconstitucionalidad porque se respetó la Constitución: “Básicamente se trata de una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral, se le quitan facultades a la secretaría ejecutiva del INE que era quien administraba el gasto del instituto”.
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