Ante la crisis de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, México abrió 30 plazas en el Mecanismos de Protección para acrecentar su plantilla. Si bien con ello se genera un aumento en la cantidad de servidores públicos que atiende los casos, el mecanismo cuenta con diversas críticas sobre su funcionamiento.
Y es que, de acuerdo con la ONG, Article 19, en los últimos 22 años, 156 periodistas han sido asesinados, 91 de los casos han ocurrido pese a la existencia del mecanismo, el cual comenzó a dar servicio en noviembre de 2012.
Si bien en cuanto a los casos de personas defensoras de derechos humanos no existe un registro puntual, los datos recientes apuntan que entre 2018 y 2022, se han registrado al menos 97 asesinatos perpetrados en contra de activistas.
Estos datos respaldan lo señalado por ambos sectores: el país se ha convertido en uno de los más peligrosos para realizar sus actividades y las medidas existentes se han visto rebasadas por la violencia que sufren.
Ante la demanda por acciones concretas para atender la crisis de violencia perpetrada contra activistas y comunicadores, el gobierno federal ha apostado por el fortalecimiento del mecanismo.
Y es que recientemente se integró un grupo interdisciplinario conformado por las carreras de derecho, psicología, sociología, ciencias políticas, relaciones internacionales, economía y criminología, en donde más del 50% son mujeres.
Bajo este contexto, y según datos oficiales, actualmente hay alrededor de mil 518 personas inscritas al mecanismo. Según el informe “Diagnóstico sobre los Alcances y Retos del Mecanismo” emitido por la Comisión de los Derechos Humanos, 495 de los beneficiarios son periodistas, mientras que 1 mil 023 son activistas.
Sin embargo, pese a ello, las muertes violentas de ambos grupos no han disminuido. En la administración federal actual, encabezada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 36 comunicadores han sido ultimados.
Entre ellos se encuentran los casos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, quienes fueron atacados en Tijuana, Baja California a inicios de este año. Ambos habían solicitado medidas de protección ante las amenazas recibidas por el trabajo que realizaban. Para el momento de su muerte, Martínez aún no lograba entrar; en tanto, Lourdes Maldonado fue asesinada pese a que contaba con rondines policiales para su seguridad.
En tanto, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores —quien actualmente es beneficiaria del mecanismo— ha reprochado la eficacia del mismo. Cabe señalar que bajo la recomendación de las autoridades, la activista actualmente se encuentra desplazada de su estado natal.
Esto destaca lo denunciado por Artículo 19, ONG que reportó que desde sus inicios, el mecanismo no ha sido suficiente para paliar la violencia: desde su creación en 2012 y hasta febrero de 2014, 88 casos no fueron atendidos por la junta de gobierno responsable, esto de un total de 152 casos que se registraron en ese entonces.
Este problema documentado hace más de cinco años no es la excepción, de hecho, en un diagnóstico realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en 2019, destacó la necesidad de responder a problemáticas como el incumplimiento respecto de los tiempos que indica la Ley para atender los casos así como la falta de recursos económicos y materiales para garantizar la operación adecuada.
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