Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, condenó la acusación en su contra por supuestamente falsificar pruebas en el caso Ayotzinapa, donde 43 estudiantes de la escuela Normal Rural desaparecieron, presuntamente, a manos del ejército.
Este miércoles 9 de noviembre, el economista de la UNAM señaló que detrás de esas acusaciones están intereses perversos que buscan mantener la impunidad en el caso que conmocionó a México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Al respecto, no sólo se deslindó de la supuesta falsificación de pruebas, sino que negó cualquier violación al debido proceso y para argumentar esto, procedió a explicar las funciones de la Comisión de la Verdad, misma que él dirige, y la Fiscalía Especializada en el caso, que es la responsable de llevar el proceso penal.
Lo primero que señaló fue que es la Fiscalía General de la República (FGR) quien sustentó las imputaciones contra los militares con base en evidencias sólidas, mismas que fueron confirmadas por un juez quien los vinculó a proceso.
En cuanto a la prevalencia del Estado de derecho, Encinas Rodríguez reconoció el legítimo derecho a una defensa digna, la presunción de inocencia y el debido proceso, por lo que aclaró que el quehacer de la Comisión no violenta ninguno de estos derechos, ya que la comisión se dedica a buscar e informar en razón de lo encontrado: “No somos jueces ni fiscales, pero colaboramos con ellos”.
Detalló, en respuesta a los abogados de los militares, que informar sobre los avances de la investigación no violenta los derechos de los imputados y calificó que la insinuación de que se incurrió en un delito es una “aberración” que atiende a un perverso propósito: “Quieren confundir para distraer la atención sobre su participación en estos hechos”.
Bajo esa óptica, distinguió que la comisión y la fiscalía tienen competencias distintas, ya que la primera hace llegar a la Fiscalía Especial sus hallazgos, para que ésta realice la investigación penal para que proceda conforme a derecho, algo que ha venido ocurriendo “sin falsificación alguna”.
Finalmente, lamentó que los abogados de los militares “pretendan confundir y engañar para litigar en los medios lo que no pueden demostrar en los tribunales”, pero aseguró que en relación al acceso a la verdad para impartir justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos “no hay y no habrá marcha atrás”.
Y es que los representantes legales del general José Rodríguez Pérez, el capitán Martínez Crespo, el subteniente Pirita Ochoa y el sargento Mota Esquivel aseguraron que el subsecretario falsificó pruebas para fabricar la supuesta responsabilidad de los militares en relación al caso acontecido en Iguala, Guerrero.
Motivo por el cual, tanto César Omar González como Alejandro Robles, quienes se identificaron como los abogados de los militares, exigieron a Alejandro Encinas que separe del caso y lo acusaron de haber creado una “cortina de humo” en contra de sus representados.
“Nosotros solo defendemos a cuatro personas que están detenidos por delitos que no cometieron, no es una campaña en contra de Alejandro Encinas”, sentenciaron.
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