El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, fue fuertemente cuestionado, luego de que aseverara que el 90 por ciento de las desapariciones en la entidad ocurren porque las personas deciden abandonar sus hogares por “voluntad propia”.
Durante la presentación de su Cuarto Informe de Seguridad, el mandatario local detalló que solo uno de cada 10 casos de personas desaparecidas tienen relación directa con un hecho delictivo, por lo que el resto del porciento responde a la huida “por voluntad propia”.
Su declaración se dio, pese a que se catalogó a Jalisco como el lugar número uno en desapariciones y fosas clandestinas, de acuerdo a información del gobierno federal; no obstante, el militante de Movimiento Ciudadano (MC) refirió que en la “mayoría de los casos” se trata de personas que “se van y luego aparecen”.
“De todas las personas desaparecidas, solo el 10 por ciento, una de cada 10 desapareció porque se haya cometido un delito, tenemos muchísimos casos de personas que desaparecen por voluntad propia”, refirió el gobernador que llegó al poder en 2017.
Ante las polémicas declaraciones del mandatario local, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) respondió y señaló algunas imprecisiones a su informe de seguridad que hizo público, además de sostener que las declaraciones minimizan el grave problema que enfrenta la entidad.
“En Jalisco solo 3 de cada 10 personas denunciadas como desaparecidas son localizadas, por lo cual el dato expuesto no puede ser el único parámetro para ilustrar la situación de las más de 15 mil personas que siguen desaparecidas”, se pudo leer en la cuenta oficial del centro en Twitter.
Asimismo, indicaron que en la entidad gobernada por Movimiento Ciudadano ha reinado “la impunidad y la ausencia de investigaciones exhaustivas”, por lo que determinaron que no existen elementos para realizar las afirmaciones que emitió Alfaro Ramírez.
Sobre dicho tema, el Cepad puntualizó que en Jalisco existe la Ley General de Desaparición, misma que refiere que existe la “presunción de inocencia” en un marco de 72 horas sin tener noticia de la persona, por lo que toda desaparición debe de ser investigada.
Por otro lado, la organización sentenció que, aunque el gobierno jalisciense señaló que de noviembre de 2017 a octubre de 2022 ha sido localizadas mil 466 víctimas en fosas, en realidad la Plataforma de Seguridad de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco ha localizado a mil 540 víctimas.
“A propósito, también nos preocupa que se mantenga un discurso de criminalización. Las personas judicializadas y vinculadas a proceso no pueden ser consideradas como responsables de la comisión de un delito y son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, se pudo leer en el hilo de Twitter que difundieron.
Finalmente, aseveraron que el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) dieron a conocer que en el 22.54 porciento de los casos donde la persona sigue desaparecida, el Ministerio Público detectó el uso de medios violentos en la fase inicial de la investigación, por lo que pidieron no descartar que se trate de la realización de un delito con el fin de sustraer a personas.
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