El canciller Marcelo Ebrard Casaubón informó que se interpuso la segunda denuncia contra fabricantes de armas en Estados Unidos (EEUU), quienes tendrían relación indirecta con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este 11 de octubre el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió el documento íntegro en donde se detalla cuáles son las cinco compañías que están demandando, así como el nombre de las personas que habrían comprado armamento desde el 2018 para posteriormente hacerlo llegar a grupos del crimen organizado en México.
En la demanda se indica que las tiendas de armas ubicadas en territorio estadounidense suministran cantidades significativas de armas al mercado criminal de México.
“Los demandados saben que participan en ventas falsas, ventas múltiples, reventas, y otras prácticas comerciales que abastecen de armas los traficantes de cárteles de la droga”.
Indican que de una pequeña minoría de distribuidores de armas (menos del 10%), vende alrededor del 90% de armas al crimen organizado. Los demandados por la SRE serían parte de ese pequeño porcentaje de comerciantes que venden armas a criminales de México.
En ese sentido, indica que el propio Departamento de Justicia de los EE.UU. ha reconocido durante mucho tiempo que el “Tucson Corredor”, que va de Tucson, Arizona a Nogales, México, es uno de los tres mayores corredores de contrabando en el país.
Por otro lado, en 2021 la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) reveló en un documento sobre el Tráfico de armas y los esfuerzos de EE.UU. para interrumpir el contrabando a México, que de las 26.860 armas de fuego recuperadas en escenas del crimen en México entre 2014 y 2018 que fueron rastreables a una compra inicial en Estados Unidos, 4,444 tenían como origen Arizona.
Dichas armas rastreadas y con origen en Arizona, representan una pequeña fracción del total de armas que han sido traficadas. “La gran mayoría de las armas traficadas nunca se recuperan, siguen en circulación en México sigue causando muerte y destrucción”.
En un mapa adjunto al documento se ilustra el papel que “juegan en el tráfico de armas” las cinco empresas demandadas. En Tucson, estarían tres de las empresas y 181 distribuidores de armas; en Yuma habría uno, con 25 distribuidores y en Phoenix, otra más con 640 distribuidores.
“Estos mapas demuestran que los cárteles buscan especialmente a estas tiendas de los demandados, comenzando en la frontera en Nogales, Arizona y viajando hacia el norte hacia Tucson, es decir, ‘El Corredor de Tucson’”.
En la demanda se afirma que los cárteles del narcotráfico van de compras por sus armas a las tiendas demandadas, puesto que en los últimos cinco años, cada una de las tiendas se encuentran entre las más rastreadas al momento de recuperar armamento en escenas del crimen o aseguramientos policiales.
En consecuencia, los análisis de los especialistas han concluido que un alto volumen de delitos las armas rastreadas hasta un concesionario en particular es un indicador de tráfico, lo que sugiere que el comerciante se dedica a ventas ilícitas.
Por lo anterior, la SRE aseguró que con la demanda no pretende criticar o abonar a las leyes locales de Arizona u otras políticas de Estados Unidos, sino impugnar directamente con algunas organizaciones que venden sistemáticamente armas que terminan en las manos de criminales.
“Esta demanda impugna únicamente la acción de corporaciones privadas que a sabiendas y sistemáticamente participan en el tráfico de armas de Arizona a México”.
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