Durante la controversia entre la SRE y productores de armas, la CIDH promueve la responsabilidad de empresas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, el próximo 25 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevará a cabo una audiencia temática sobre la responsabilidad corporativa de empresas dedicadas a la producción y comercio de armas, esto, a la mitad de un proceso legal que impulsa la cancillería mexicana contra los emporios de armas en Estados Unidos (EEUU) que venden sus productos a delincuentes mexicanos.

De acuerdo con la secretaría que preside Marcelo Ebrard, “este debate solicitado por el Estado mexicano contará con la participación de organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, cuyos puntos de vista enriquecerán las discusiones en la materia”, ya que la CIDH ya ha auspiciado discusiones en relación a los efectos negativos de la falta de regulación de las armas de fuego en América Latina.

Como antecedente histórico, la SRE destacó que en 2018 la CIDH convocó a una audiencia en relación con la Regulación del comercio de armas y violencia social en Estados Unidos; asimismo, en 2019, esta misma institución realizó una segunda audiencia sobre el Impacto de la violencia por armas de fuego en Estados Unidos, donde se planteó el incremento de personas asesinadas y que resultan heridas por ataques con este tipo de armas.

Ante esto, la dependencia federal destacó en un comunicado oficial publicado el martes 4 de octubre que si bien estas discusiones funcionan para tratar temas relacionados con la violencia por armas de fuego, el Sistema Interamericano aún no ha abordado en forma integral el tema de la responsabilidad de las empresas privadas dedicadas a la fabricación, distribución y venta de armas.

Por lo que persisten consecuencias negativas en la región relacionadas a las acciones en la protección de derechos humanos, particularmente, en los casos en los que es notoria la negligencia y la falta de debida diligencia en las acciones comerciales de estas empresas, así que la audiencia se planteó tres objetivos particulares para mejorar las condiciones de comercio en favor de la población afectada y no pensarse desde la lógica mercantilista:

1) Las prácticas comerciales negligentes de las empresas de armas que facilitan activamente su tráfico ilícito a países de la región, particularmente a México;

2) Las acciones y buenas prácticas que están al alcance y podrían implementar de inmediato estas empresas para reducir el riesgo de posibles violaciones a derechos humanos, como parte de sus procesos de debida diligencia;

3) Las acciones de los Estados para garantizar el acceso a recursos efectivos para el establecimiento de responsabilidades cuando el disfrute de los derechos humanos se ve vulnerado como consecuencia de prácticas negligentes de actores privados dedicados a la fabricación, distribución y comercio de armas.

Finalmente, Relaciones Exteriores apuntó que este mecanismo formará parte de los esfuerzos de la administración federal actual para combatir el tráfico ilícito de armas que, en conjunto con la negligencia de actores clave de la industria armamentista y el surgimiento de ideologías basadas en el extremismo violento, agrava la situación de seguridad pública y protección ciudadana en la región y, particularmente, en México.

Cabe recordar que desde que Marcelo Ebrard, titular de la SRE, inició el caso legal contra las armerías estadounidenses que surten a los principales generadores de violencia en México, el tema sobre la regulación de armas en el vecino del norte se planteó de forma diferente en relación a países sumergidos en múltiples olas de violencia e inseguridad como México, por lo que la discusión entre el derecho a estar armado en EEUU y el derecho a un entorno seguro en territorio azteca ha estado presente en los últimos meses, donde se espera que autoridades externas como la CIDH implemente mecanismos que ayuden a recobrar la paz en la región.

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