
La violencia vinculada a los cárteles y el crimen organizado es motivo de desplazamiento interno en México, pero no es el único factor dentro de esta problemática que aqueja al país.
Pues de acuerdo con la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jimenez-Damary, los grandes proyectos de desarrollo también lo hacen y cada vez más.
“Es una tendencia y abarca distintos tipos de proyectos” legales e ilegales, desde la tala a la minera, indicó Jimenez-Damary sobre el desplazamiento forzado en entrevista con The Associated Press, al culminar una visita de dos semanas a México.
Jimenez-Damary, aunque no ofreció muchos detalles de las zonas afectadas, dijo que el desplazamiento, en ocasiones, se entrecruza con el crimen organizado pero alertó que, pese a la falta de datos oficiales, la estimación actual es que los mayores afectados son los pueblos indígenas.
La funcionaria visitó Chiapas, Chihuahua, Guerrero y la capital del país donde se reunió con autoridades federales y estatales, así como con miembros de la sociedad civil.

Datos recopilados por organizaciones estiman que hay hasta 400 mil mexicanos desplazados, aunque según Jimenez-Damary ahí no se incluirían los que huyeron por proyectos de desarrollo, conflictos comunales o intolerancia religiosa. El 40% de ellos serían de pueblos originarios, añadió.
El actual Ejecutivo ha reconocido el fenómeno pero carece de cifras oficiales y una ley federal que fue aprobada en la Cámara de Diputados hace dos años está bloqueada en el Senado.
Pero la relatora confió en que la normativa salga adelante, aunque enfatizó la urgencia de tener un registro de desplazados sin implicaciones jurídicas.
Ya que muchos tienen miedo de denunciar o registrarse como víctimas, lo que dificulta el poder ofrecer ayuda y servicios básicos como la salud o la educación a los menores.
Además, subrayó que “es importante que el gobierno asuma su responsabilidad prioritaria hacia los desplazados y el primer paso es estar presente donde la gente está”.
Habitantes de comunidades alejadas en medio de montañas o sierras inhóspitas controladas por los cárteles se quejan de que las autoridades apenas llegan hasta sus pueblos.

La funcionaria de Naciones Unidas recordó también que la lucha contra la impunidad y garantizar el acceso a la justicia, son vitales para atajar las causas de los desplazamientos.
Según las estimaciones de Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, que pertenece al Consejo Noruego para los Refugiados, en 2021 había más de 59 millones de personas desplazadas dentro de sus propios países en todo el mundo.
En México se sitúan en estados como Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Zacatecas o Jalisco, donde hay una fuerte actividad de la delincuencia organizada pero también en lugares como Chiapas o Oaxaca, donde la presencia de grupos armados se une con problemas comunitarios de décadas.
De acuerdo con el registro de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en 2021 hubo cerca de 28 mil 867 nuevos desplazamientos masivos por situaciones de violencia en el país, lo que representó un incremento significativo respecto a los años anteriores. En 2019 fueron alrededor de 8 mil 664 y en 2020 se contabilizaron 9 mil 714.
Mujeres que huyen por la violencia de género, los menores, y más recientemente los que dejan sus hogares por sequías o inundaciones fruto del cambio climático o desastres naturales deben, según la ONU, tener también un tratamiento específico.
La relatora de la ONU presentará su informe con recomendaciones en junio.
(Con información de AP)
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