Durante la sesión de este lunes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendieron la sesión en donde se discutió la prisión preventiva oficiosa, que, aunque el pleno de la Corte aún no votó, 3 de los 11 ministros se pronunciaron en contra de declararla inconstitucional. Se trata de Loretta Ortíz, Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel.
Contrario a lo expresado por Luis María Aguilar, la jueza Esquivel consideró que la medida cautelar inaplicabilidad de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), como parte del proyecto presentado por el ministro, Luis María Aguilar.
Durante la exposición de la tesis, el ministro aclaró que la propuesta no busca eliminar la figura de la PPO, sino analizar su forma de imposición automática.
“No se propone que desaparezca, sino que se dicte por el juez correspondiente, siempre y cuando el Ministerio Público justifique las razones por las cuales una persona pueda ser un riesgo para la sociedad, víctimas o la propia investigación”, expresó ante la sesión del Pleno.
Esto suscitó mientras a las afueras de la Corte un grupo de ciudadanos protestaban en contra de la eliminación de la medida cautelar - cuyos estatutos, planteados en el artículo 19 de la Constitución, fueron reformados en 2019.
Primeros votos en contra
Algunos de los argumentos de los protestantes apelaban a la incapacidad de la Suprema Corte para decidir respecto a su eliminación; mismo argumento que la ministra, Yazmín Esquivel Mossa, defendió ante sus homólogos, al señalar que el máximo órgano “no es responsable de reformar la Constitución”.
“No está dentro de nuestras facultades establecidas, pero sí somos los principales e respetarla”, afirmó.
Contrario a lo expresado por Luis María Aguilar, la jueza Esquivel consideró que la medida cautela no es dictada de forma automática, pues, recordó que “es necesario pruebas e indicios” para concluir que una persona esté o no implicada en un delito.
“Más que una sanción anticipada es una medida instrumental para asegurar el cumplimiento de los fines legítimos del proceso penal”, atajó.
En tanto, la ministra, Loretta Ortiz, comunicó que su voto también irían en contra del proyecto, pese a reconocer que dicha medida resulta inconvencional por la violación a los Derechos Humanos (DDHH). Al igual que su homóloga Esquivel, Ortiz aboga que la Corte está incapacitada para reformar la Constitución.
De igual modo, el ministro Arturo Pérez Dayán adelantó que su postura será en contra del proyecto de Luis María, pues, declaró, la eliminación de la figura no puede basarse en tratados internacionales: “El tratado se debe a la Constitución, no la Constitución al tratado”, subrayó.
Aunado a ello, compartió la postura de las expositoras anteriores que señalan a la Suprema Corte como un ente no apto para invalidar cualquier estatuto de la Carta Magna.
El primer voto a favor
Por su parte, el ministro, Juan Luis González Alcántara, inició su participación reconociendo que a la medida resulta violatoria de los DDHH, a raíz de los antecedentes en la justicia mexicana que tornaron a la medida de excepcional a reglamentaria.
“El proyecto (de Luis María Aguilar) expone un abuso de dicha medida. (...) Nuestra historia es consecuencia de adoptarla como regla en lugar de excepción. Coincido plenamente con la inconstitucionalidad de una prisión preventiva automática que prohíben al juez analizarla”, mencionó.
De esa manera, González Alcántara se convirtió en el primer voto a favor del proyecto - además del de Luis María - que elimina la modalidad “oficiosa y automática” de la Prisión Preventiva.
Al finalizar la participación, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, levantó la sesión que continuará el próximo 6 de septiembre.
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