
Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), informó este lunes 29 de agosto que las investigaciones contra el llamado Cártel Inmobiliario continúan en la alcaldía Benito Juárez, una de las más afectadas por las presuntas construcciones irregulares, pues encontraron 69 inmuebles ubicados en dicha demarcación con posibles irregularidades en su construcción, los cuales fueron edificados entre 2014 y 2021.
De acuerdo con la fiscalía capitalina, los inmuebles referidos violan las normas de construcción, esto en un posible contubernio entre autoridades de la demarcación y empresas inmobiliarias para, presumiblemente, obtener dividendos extras mediante la edificación de más niveles y departamentos de los permitidos. Señaló que están situados en las mismas vialidades y la mayoría de ellos ubicados en las colonias con mayor plusvalía de la demarcación, como la colonia Del Valle, Narvarte, Nochebuena y Nápoles.
Con base en los registros de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, así como de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se ha corroborado que estos inmuebles tienen de uno hasta siete niveles excedentes en su construcción, lo cual representa ganancias millonarias para las constructoras.

Asimismo, generar mayor población en la demarcación señalada genera impactos severos, pues se incrementa el consumo de agua potable, algo que los habitantes de las colonias aledañas resienten ante los cortes intermitentes que realiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El vocero señaló que varios de estos edificios tienen sus folios reales resguardados por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio para evitar que se haga algún uso comercial de dichos inmuebles, por las anomalías que presentan tanto en sus permisos como en su construcción.
Puso de ejemplo que en la calle Filadelfia, colonia Nápoles, se detectó un inmueble con diez niveles de construcción, cuando tenía permitido solamente seis niveles; otro, de la calle Boston, en Noche Buena, construyó siete pisos, cuando tenía permitido únicamente tres.
También se tiene documentado que, en su momento, se emitieron las recomendaciones pertinentes a los responsables de la Benito Juárez, esto para que dieran inicio los procedimientos sancionadores contra las empresas involucradas en las irregularidades.
De igual modo, se esperó que la demarcación diera inicio con las acciones administrativas y/o penales contra el director Responsable de Obra y/o servidores públicos involucrados, además de iniciar los procedimientos de verificación de manera oportuna para evitar que se consoliden construcciones que incumplan con la normatividad; sin embargo, esto no ocurrió.
En consecuencia, la fiscalía capitalina concluyó que las autoridades de la Benito Juárez, posiblemente, fueron omisas en dar cumplimiento a dichas recomendaciones y en ejecutar sus facultades para hacer cumplir la ley ante las anomalías señaladas.
Finalmente, sin dar nombres, la fiscalía refirió que fue asegurado el folio real de un inmueble ubicado en Angelópolis, en Puebla, que se suma a las más de cuarenta propiedades posiblemente relacionadas a ex funcionarios de la Benito Juárez, quienes hoy en día se encuentran imputados por el delito de enriquecimiento ilícito.
De igual forma, fueron aseguradas un total de 46 cuentas bancarias cuya propiedad corresponde a dichos ex servidores públicos y a las empresas a su nombre. Estas cuentas y los recursos que resguardaban son producto del delito de enriquecimiento ilícito en que posiblemente incurrieron las personas señaladas. Cabe destacar que dicha demarcación ha sido gobernada por el Partido Acción Nacional (PAN) desde antes que iniciaran las construcciones que se investigan. Por ejemplo, Jorge Romero Herrera, actual coordinador de la bancada parlamentaria del albiazul en San Lázaro, fue jefe delegacional de 2012 a 2015; sin embargo, nadie ha señalado al actual legislador.
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