Caso Carlos Emilio: admiten demanda contra funcionarios de la SSPC por presuntas omisiones en la investigación

Una jueza federal admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Brenda María Valenzuela Gil contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y cuatro funcionarios de esa dependencia, por presuntas omisiones en la investigación sobre la desaparición de su hijo Carlos Emilio Galván Valenzuela, ocurrida el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán.

La Jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Viridiana Quiroz Ángel, certificó el 11 de noviembre la admisión del recurso, registrado bajo el expediente 1184/2026-IV.

La resolución llegó más de un año después de la desaparición del joven, originario de Durango, quien fue visto por última vez en el bar Terraza Valentino, en la Zona Dorada de Mazatlán. El 24 de octubre de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) había asegurado ese inmueble, en un operativo conjunto con la SSPC y la Guardia Nacional, como parte de las diligencias.

Jueza ordenó a García Harfuch y funcionarios de la SSPC rendir informes en 48 horas

Según un comunicado de la organización Defensorxs, que Valenzuela Gil difundió en su cuenta de X, la jueza admitió la demanda en contra del secretario Omar García Harfuch y diversos funcionarios de la SSPC, entre ellos el Subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de esa dependencia, el titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto y Operaciones Estratégicas, la encargada del despacho de la Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, y un funcionario adscrito a esa misma unidad de investigación.

A todos ellos se les otorgó un plazo de 48 horas para rendir los informes previos donde deberán pronunciarse sobre las omisiones que se les reclaman. Según el documento judicial que la madre hizo público, la demanda señaló tres actos reclamados: la omisión de supervisar la ejecución de los actos de investigación ordenados por el Ministerio Público Federal, la omisión de ejecutar esos mismos actos de investigación, y la omisión de localizar a testigos determinados dentro de las carpetas de investigación del caso.

La demanda fue promovida por el apoderado legal Carlos Escobedo Suárez en representación de Valenzuela Gil, identificada en el expediente con las iniciales B.M.V.G. como víctima indirecta. Defensorxs precisó que, en concreto, la Fiscalía General de la República había solicitado a la SSPC la localización de dos testigos clave para comprender lo que sucedió en Mazatlán el 5 de octubre de 2025, fecha en que desapareció Carlos Emilio.

Hasta el momento de la admisión de la demanda, la SSPC no había localizado a esos testigos ni tampoco había demostrado haber realizado las actividades necesarias para ello, de acuerdo con el comunicado de la organización. Tras conocer la resolución, Valenzuela Gil afirmó en su publicación en X que la ley obligaba a las autoridades “a rendir cuentas y a actuar de inmediato” ante la orden judicial.

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