Dámaso Castro enfrenta dos investigaciones en Sinaloa: por acusaciones de EEUU y el homicidio de Héctor Melesio Cuén

La fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó este viernes que Dámaso Castro Zaavedra, exvicefiscal de la entidad, enfrenta dos investigaciones administrativas activas en el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado.

Los expedientes corresponden a los señalamientos de Estados Unidos sobre presuntos nexos con Los Chapitos y a su actuación en el caso del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, y continúan en trámite pese a que el exfuncionario formalizó su renuncia el 5 de noviembre.

“Son dos investigaciones separadas”, dijo Sánchez Kondo, quien precisó que ambos procesos iniciaron cuando Castro aún se encontraba activo dentro de la institución y que no se trata de una sola indagatoria que abarque los dos asuntos.

La fiscal distingue entre las sanciones administrativas y las responsabilidades penales

Sánchez Kondo explicó que las actuaciones del Órgano Interno de Control se limitan al ámbito administrativo. “En lo que respecta al Órgano Interno de Control es totalmente administrativo. En materia penal lo está atendiendo la investigación la Fiscalía General de la República”, señaló.

Además, explicó que el órgano puede imponer sanciones que van desde la suspensión hasta la remoción del cargo, u otras, dependiendo de los resultados de los procedimientos, aunque no precisó qué tipo de resolución correspondería en el caso de Castro Zaavedra, que ya no pertenece a la institución.

Según las declaraciones de la fiscal, el órgano recaba información y copias de los expedientes federales para contar con elementos que permitan emitir una resolución en su momento.

Castro Zaavedra solicitó una licencia sin goce de sueldo el 5 de mayo de 2026, después de que se dieran a conocer los señalamientos de Estados Unidos. Seis meses más tarde, al vencer el plazo legal de la licencia, presentó su renuncia formal mediante oficio, hecho que la fiscal calificó como una decisión voluntaria.

El primer expediente deriva de la acusación formal de Nueva York contra 10 funcionarios y exservidores sinaloenses

El Distrito Sur de Nueva York presentó el 29 de abril de 2026 una acusación formal contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por su presunta participación en una red de protección hacia Los Chapitos. Encabeza la lista el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, señalado como el principal operador político del acuerdo con el cártel, seguido del senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general del estado, y del empresario Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.

También figura Castro Zaavedra, entonces vicefiscal general, junto con Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, quien ocupó el mismo cargo tras Almanza Avilés; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la policía municipal de Culiacán.

El expediente judicial detalló que, desde 2021 hasta septiembre de 2024, Los Chapitos pagaron aproximadamente 11 mil dólares mensuales en efectivo a Castro Zaavedra. A cambio, el funcionario proporcionó protección contra detenciones y aviso previo sobre operativos dirigidos contra laboratorios y miembros de la organización criminal.

En las listas mensuales de pagos obtenidas como parte de la investigación, Castro Zaavedra apareció bajo el alias “Culiacán Regio”, con un pago mensual de aproximadamente 200 mil pesos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que, de ser procesado y hallado culpable en ese país, enfrentaría una pena de cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.