Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), defendió la permanencia de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, esto por un proyecto de resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que busca la inaplicabilidad de esta medida en razón de oficiosa.
Este jueves 25 de agosto, durante la 3ª Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, la “corcholata” de AMLO recordó el proyecto presentado por la ministra Norma Piña, mismo que acota la aplicación de la prisión preventiva.
En cuanto a la ponderación de una convención internacional para justificar el proyecto de resolución, el secretario de gobernación refirió que éstos no pueden estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) pues la Carta Magna es la que regula a los ciudadanos.
Contrariamente a lo que se va a discutir en la Suprema Corte, López Hernández propuso que lo que se tiene que hacer es buscar el fortalecimiento jurídico para continuar con la transformación de la vida pública que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Y es que las y los magistrados de la SCJN deberán de discutir la aplicación del Artículo 19 constitucional, el cual promueve la prisión preventiva oficiosa como medida precautoria para los presuntos delincuentes bajo la premisa de que se hace para prevenir el riesgo de fuga o mantener a las víctimas y/o testigos a salvo.
Sin embargo, la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, al mismo tiempo, representa una posible violación a los derechos humanos, pues es una medida que se ejerce en muchos de los casos que llegan a los Ministerios Públicos (MP), a tal grado que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que alrededor del 40% de la población carcelaria está presa sin sentencia.
Con lo que las y los magistrados deberán de ponderar ambos lados de la moneda, pues al ejercer menos la prisión preventiva oficiosa, las cárceles podrían dejar de estar tan sobrepobladas, con lo que se beneficiaría el nivel de vida de las y los procesados, así como el de los internos del sistema penitenciario en México; no obstante, también se tendría que medir el riesgo al que se expondría la comunidad al materializar este proyecto de sentencia.
Por su cuenta, los miembros de la oposición política esperan que las y los magistrados aprueben el proyecto de sentencia, pues lo consideran un avance importante en materia de derechos humanos, como el caso de Damián Zepeda, senador por el Partido Acción Nacional (PAN), quien sostiene que “la prisión preventiva oficiosa es la peor violación legal que existe, en México, de los derechos humanos”.
Aseguró que esta medida cautelar se resume en: “te vas a refundir al bote porque yo digo, eso es la prisión preventiva oficiosa”, por lo que reforzó el llamado a la Corte para que AMLO no les dicte la línea de cómo deben de actuar. Además de que explicó que esto no sería el fin de la prisión preventiva, sino de su aplicación como oficiosa, con lo cual se abre la puerta a que el juez valore otras medidas cautelares y, en caso de aplicar ésta, que sea de manera justificada.
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