
Un militar falleció enterrado bajo tierra en el desierto de Mexicali, Baja California, esto durante un curso de fuerzas especiales, según demostró una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los hechos se presentaron el 24 de noviembre de 2020. Familiares de la víctima recibieron la notificación de que el joven había fallecido y que su cuerpo se encontraba en Mexicali, sin brindar información sobre la causa o condiciones de la muerte. Posteriormente, a través de una necropsia, se comprobó que el militar había muerto por asfixia.
Cómo ocurrieron los hechos
Como parte del curso de fuerzas especiales de la Secretaría de Defensa (SEDENA), un superior ordenó a los participantes excavar un búnker para después cubrirlo nuevamente, fue entonces cuando le fue ordenado a la víctima introducirse en el búnker número 8, una vez dentro, el instructor ordenó que lo taparan en su totalidad sepultandolo así con tierra.
Posteriormente se les ordenó a cuatro elementos que se introdujera al mismo bunker para también ser enterrados. De esta manera la tierra los cubrió en su totalidad, tanto así que se podía caminar sobre el espacio en el que fueron enterrados.
Mientras los elementos luchaban por salir, afuera sus compañeros tomaban fotografías y reían, puesto que dentro de las prácticas militares, esta es considerada común.

Transcurrido un tiempo, cuatro de las cinco personas lograron salir del búnker sin notar que faltaba la primera persona que había sido sepultada. de acuerdo con los testimonios, ninguno de ellos había notado su presencia puesto que fueron enterrados después por lo que no se percataron de en qué momento había ingresado al mismo.
Una de las personas que había sido sepultada notó que había perdido su cargador, por lo que regresó a revisar al bunker para averiguar si no lo había dejado ahí, fue hasta ese momento que halló a su compañero inconsciente.
De acuerdo con los testimonios, fue traslado al hospital, pero ya era tarde, pues al llegar, la víctima ya había muerto.
Es por ello, que la CNDH acusó que la víctima fue privada de la vida por acciones y omisiones de quienes estaban a cargo del entrenamiento, los cuales a su vez, son elementos de la Secretaría de la Defensa.
“Las personas servidoras públicas que se encontraban al mando no procuraron cumplir con el deber forzado del cuidado para garantizar la integridad de los concursantes. Además quedó evidenciada la falta de vigilancia respecto a las prácticas irregulares que entre soldados llevan a cabo como “métodos de castigo””, acusa la CNDH.

Las demandas ante dicha falta son:
- Que la familia de la víctima sea inscrita al Registro Nacional de Víctimas
- Proceder inmediatamente la reparación integral del daño (esto incluye una compensación justa y suficiente)
- Que se les sea otorgado a las víctimas indirectas atención médica y psicológica
- Que la SEDENA colabore ampliamente con la carpeta de investigación.
Asimismo, pide que se colabore ampliamente con la Fiscalía General de Justicia Militar de Investigación del Delito y Control de Procesos para el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de uno de los servidores públicos involucrados, siendo indispensable que se verifique la realización de las acciones adecuadas para cumplir oportunamente dicha orden de aprehensión, promoviendo que los agentes encargados de llevarla a cabo soliciten el apoyo de las distintas dependencias, entidades o empresas que pudiesen tener en sus archivos datos de apoyo para la búsqueda y localización de la persona requerida.
La CNDH pidió también que se remita copia de la recomendación 59VG/2022 al Juzgado Militar. Por último, pide que se imparta un curso de capacitación integral de formación en derechos humanos.
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