La política mexicana se ha vuelto a tambalear ante la disputa entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), donde los contraataques se efectúan con filtraciones de audios.
Pese a que algunos militantes del bloque opositor y el de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) se han pronunciado al respecto, los protagonistas de la trifulca han sido Alejandro Alito Moreno, dirigente del PRI, y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores; siendo ésta la precursora de la polémica.
Aunque las intenciones de ambos políticos parecerían coincidentes - por buscar evidenciar la corrupción que imperaría en flancos contrarios -, el ex secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, señaló “una gran diferencia” en los actuares de cada uno: la legalidad.
La controversia detonó el 25 de mayo pasado, cuando Sansores lanzó el primer ataque contra Moreno conformado por la media decena de fragmentos que apuntan al dirigente priista de cometer corrupción, lavado de dinero y agresión a los periodistas.
Cabe señalar que este último punto fue el que mayor indignación generó debido al clima de violencia contra periodistas, el cual sitúa a México como uno de los países más peligrosos parar ejercer el periodismo. Aún así, según los audios, Alito habría recomendado “matarlos de hambre y no a balazos”.
Sin embargo, la revelación le valió a la mandataria estatal de ser investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar si el método con el cual se concedió el material figura como un acto ilícito - lo que significaría hasta 6 años de cárcel.
Esto, luego que Alito acusara no sólo a Sansores, también al Fiscal de Campeche, Renato Sales, por acceder y alterar las grabaciones con un sistema de espionaje israelí adquirido de la Policía Federal y que ambos personajes, señaló, “se habrían robado”. Incluso, señaló que con este medio también estarían monitorizando a la oposición, periodistas y empresarios.
“Se hará un peritaje independiente de los audios exhibidos para mostrar la manipulación y fabricación de hechos”, apuntó en un tweet.
No obstante, la defensa del dirigente nacional no se limitó a palabrerío o denuncias ante las autoridades competentes: el 31 de mayo, Alejandro Moreno empleó “la misma moneda” y evidenció la supuesta amenaza presidencial que el PRI recibió de un tercero para apoyar la Reforma Eléctrica.
Así habría quedado plasmado en una llamada telefónica que tuvo con el senador del Verde Ecologista, Manuel Velasco, - el intermediario - quien le advirtió de las posibles represalias a Moreno si su partido no apoyaba la iniciativa energética. Esto, dijo, tras haber sostenido una reunión con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
“Habló con su jefe ahí enfrente de mí. (...) Y que si no jalabas, se iban a ir con todo”, pronunciaba Velasco a Moreno el pasado 8 de abril, días antes que la oposición diera revés al proyecto de Obrador.
Por esas razones es que Lozano respaldó el actuar de Alito, pues, explicó, sus filtraciones sí recaen en la legalidad al ser “publicado por una de las partes de la conversación”. No así con Sansores, quien, aseveró, no fungió como participante en los archivos compartidos, sino “los obtuvo y difundió de manera ilegal”.
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