Vicente Fox tundió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la resolución que ordena reservar información respecto a la compra de vacunas COVID-19 hechas por el Gobierno Federal, comunicada el 16 de mayo pasado.
Según el Pleno de la Corte, el decreto se estableció para evitar que los datos adquisitivos pongan en riesgo la seguridad nacional al “obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país”.
Sin embargo, para el ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN), dicha instrucción buscaría proteger los presuntos robos que la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habría efectuado “en lo oscurito” a través de la compra-venta de antígenos.
Por ello, a través de su cuenta de Twitter, Fox Quesada tachó al órgano encabezado por Arturo Zaldívar como una “auténtica tapadera” de la Cuarta Transformación (4T):
El decreto se aprobó con ocho votos a favor de reservar la información y dos en contra. Bajo ese tenor, Zaldívar, ministro presidente, afirmó no estar de acuerdo con el enfoque de seguridad nacional, pero consideró que los datos sí podrían generar daños en próximas negociaciones.
Y es que la SCJN determinó que los comprobantes de pago deberán ser clasificados como información reservada por 5 años, pues, señaló, “la divulgación puede poner en riesgo la seguridad nacional”.
“La divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país”, señaló en el comunicado de prensa.
No obstante, reiteró que esta medida no limitará la transparencia para aquellos aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial, tales como datos personales y secreto comercial.
Información del Gobierno de México, refiere a la “Seguridad Nacional” como la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales libres de amenazas al Estado.
Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que será respetuoso de la sentencia que responde a la inconformidad del Gobierno Federal.
Ésta instruía a la Secretaría de Salud (SSa) a entregar las versiones públicas de los contratos para la adquisición de los biológicos, así como a confirmar la clasificación de los comprobantes de pago de las respectivas compras.
Pese a ello, comisionados y comisionadas mantienen su postura en que la apertura de información es una obligación constitucional de la administración: “Se debe asegurar el derecho a la información pública y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad”.
Cabe recordar que el INAI aún queda pendiente de la solicitud interpuesta al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER) para transparentar un oficio en el que se detalle la conveniencia de aplicar la vacuna Pfizer a niñas y niños de entre cinco a once años.
Según Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI, el documento requerido dará cuenta que la sociedad esté informada en cuanto a los beneficios que se puedan obtener con la aplicación de la misma, y con ello reducir la enfermedad epidemiológica y los contagios que se han presentado entre niños y niñas.
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