Una mujer 43 años originaria de Florida identificada como Christina Gamez, se declaró culpable de una conspiración federal de extorsión que victimizó a trabajadores agrícolas mexicanos admitidos en los Estados Unidos bajo el programa de visas temporales H-2A. Así lo informó el Departamento de Justicia del país vecino el pasado 9 de abril.
Según las investigaciones, a través de medios coercitivos obtuvieron miles de horas de mano de obra agrícola físicamente exigente de los trabajadores, todo por un salario mínimo.
De acuerdo con las investigaciones, la mujer declaró que tanto ella como sus co-conspiradores habrían violentado a los empleados confiscando sus pasaportes, sometiendolos a condiciones de vida hacinada, insalubre y degradante; aislandolos y limitando su interacción con el exterior.
Esto mientras trabajaba como contable, gerente y supervisora de Los Villatoros Harvesting (LVH), una empresa de contratación de mano de obra que emplea a trabajadores mexicanos que cosechan frutas y verduras en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia.
Aún no se ha fijado una fecha para la audiencia de sentencia de Gamez; sin embargo, la mujer se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión federal y una multa de hasta 25 mil dólares.
Un juez de distrito federal de estadounidense determinará cualquier sentencia después de considerar las directrices sobre sentencias y otros factores legales. Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Gamez ha acordado pagar más de 9 mil dólares en restitución a las víctimas.
Cabe señalar que el caso comenzó a ser investigado desde 2018, esto a partir de una acusación revelada por el fiscal federal interino del Distrito Sur de Georgia, David H. Estes, en la que declaró que 24 personas conspiraron durante tres años para contrabandear trabajadores mexicanos y centroamericanos y obligarlos a trabajar en condiciones que él señaló como “brutales” en fincas ubicadas en las regiones del sur, centro y norte de Georgia, Estados Unidos.
En una conferencia de prensa emitida el 1 de diciembre del 2021, el fiscal señaló las condiciones de los trabajadores como “esclavitud moderna”.
Operación “Blooming Onion”
Después de recibir un aviso de una línea directa de tráfico en noviembre de 2018, los agentes federales de la ley de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Departamento de Trabajo de EE. UU., el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, el Servicio de Inspección Postal y la Oficina Federal de Investigaciones comenzaron a investigar múltiples organizaciones agrarias registradas a nombre de María Leticia Patricio.
Los oficiales descubrieron que, desde 2015, estas organizaciones conspiraron juntas para traer a más de 100 trabajadores extranjeros a Estados Unidos, explotarlos y encarcelarlos en condiciones inhumanas, esto de acuerdo con el medio estadounidense Savannah Morning News.
La investigación de varias agencias culminó el 17 de noviembre, cuando 200 agentes federales ejecutaron más de 20 órdenes de allanamiento en tres jurisdicciones y ejecutaron una docena de órdenes de incautación de instituciones financieras.
El fiscal del Distrito Sur de Georgia llamó a la “Operation Blooming Onion” (Operación Cebolla Floreciente) a la que señaló como la “mayor organización de aplicación de la ley para perseguir este delito en particular”.
Los trabajadores traficados trabajaban principalmente en granjas de cebollas, cavando con sus propias manos. Según la información del caso, se les pagaba sólo 20 centavos por cada balde. Los conspiradores obligaron a los trabajadores, a pesar de ganar muy poco, a pagar el transporte, la comida y la vivienda.
Este caso fue investigado por el Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas del Condado de Palm Beach (incluidos el FBI, las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach), con la asistencia de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo y el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado.
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