Los “comunicadores del pueblo”: no es lo mismo propaganda que periodismo

Legisladores de Morena anunciaron en días pasados la creación de la “Red de Comunicadores del Pueblo”. El proyecto consiste en una asociación civil que integra a más de “500 comunicadores” a lo largo del país. La misión de este grupo es doble. La primera, documentar y denunciar el presunto sabotaje que realizan las autoridades del INE en contra de la revocación de mandato. La segunda, difundir los logros de la Cuarta Transformación

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Édgar Guerra (Foto: Cortesía)
Édgar Guerra (Foto: Cortesía)

El gobierno de la 4T confunde comunicación política con periodismo. Es cierto, las fronteras entre una y otra no siempre son claras. Para llegar al poder y saber conducir una comunidad, es menester contar con información, redes de difusión y habilidad informativa. Saber comunicar es vital para gobernar. El periodismo, por su parte, busca informar con veracidad. Por definición es incómodo. Su tarea es señalar, cuestionar, desafiar al poder constituido. Hacer su crítica, señalar sus errores y denunciar los excesos.

En ese sentido, la comunicación política es, al menos en principio, distinta a la comunicación periodística, aunque corran en paralelo. Por supuesto, no siempre el periodismo se abstiene de hacer política. Existen porosidades inmanentes al oficio de informar y al arte de gobernar. Nadie puede negar que hay medios de comunicación que han apostado al poder. Que han sido pieza central en el andamiaje de gobierno, en la transmisión de propaganda y en el ocultamiento de los errores palaciegos.

Sin embargo, hoy en día la parcialidad genera costos cada vez más altos. La ciudadanía es cada vez más crítica, reflexiva y ejerce con mayor libertad la elección de sus medios de información.

El problema más delicado ocurre cuando desde el poder se hace comunicación política y esta se presenta como información periodística.

Recientemente, senadores y diputados del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunciaron la creación de la “Red de Comunicadores del Pueblo”. El proyecto consiste en una asociación civil que integra a más de “500 comunicadores” a lo largo del país. La misión de este grupo es doble. La primera, documentar y denunciar el presunto sabotaje que realizan las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la revocación de mandato a celebrarse el próximo 10 de abril. La segunda, difundir los logros de la Cuarta Transformación.

Uno no puede menos que preguntarse qué hay detrás de tal anuncio. Es decir, si realmente se tratara de informar sobre los logros de la 4T no haría falta una asociación civil. Para esto, el gobierno de México cuenta con un aparato de comunicación social formidable, herencia de los regímenes priistas y panistas, que bien puede comunicar sobre acciones de gobierno, políticas públicas, logros y éxitos. Evidentemente, ese no es el punto. Por otro lado, la Red de comunicadores del pueblo tampoco busca informar con veracidad sobre los acontecimientos políticos. Su impronta no es ejercer el periodismo. De hecho, si así fuera, sería un contrasentido porque no hay periodismo que se ejerza desde el poder.

Lo que verdaderamente está detrás de la “Red de Comunicadores del Pueblo” es un proyecto político de propaganda. Como si las conferencias mañaneras y la comunicación política desde el púlpito presidencial no fueran suficiente, ahora se busca construir una estructura vertical, desde la cúspide del poder, hasta la base social, para reproducir el discurso presidencial. Ese es el verdadero objetivo.

Ahora bien, aquí es necesario ser muy claro. Si la estructura de Morena cree necesario invertir tiempo y recursos en construir una estructura de propaganda —tiempo y recursos que podrían emplear en legislar— la ciudadanía tendrá que llamarlos a cuentas en las próximas elecciones.

Aquí, dos temas de fondo, ambos más que preocupantes.

Por un lado, desde el inicio de la 4T, se respira en el país un ánimo hostil y generalizado contra la prensa. Continuamente desde el púlpito presidencial se hace escarnio público de comunicadores, se estigmatiza a consorcios periodísticos y se denigra al oficio. No importa si se trata de un periodista que cubre la fuente, o de un emporio editorial.

En las redes sociales, el improperio y la amenaza velada contra comunicadores sustituyen al argumento y a la crítica razonada. No se trata de una discusión —ya no digamos conversación pública— sino de eliminar, al menos simbólicamente, al otro.

Sin embargo, lo crítico es que a la violencia de las palabras le acompaña la violencia de las metrallas. Nunca como en este sexenio, los homicidios contra periodistas se han presentado con tanta cotidianidad. Para marzo de 2022, ya sumaban ocho comunicadores asesinados. Una cifra que no muestra una tendencia a la baja, a pesar de que los periodistas denuncian permanentemente sobre las condiciones de inseguridad en las que desempeñan su oficio. Todo esto ocurre, además, en medio de un ambiente de total impunidad.

Por otro lado, el diagnóstico y el remedio de la 4T sobre el periodismo en México es equivocado. Hoy, ya no es necesario una sola voz que comunique, menos aun si esta voz viene desde el poder. En las sociedades modernas, la revolución digital y las redes sociales han permitido la diversificación del periodismo. Hoy ya no existe un solo lugar de enunciación. Lo que se vive, es la explosión de una miríada amplia y diversa de voces. Un coro plural, heterogéneo y si se quiere caótico en el que todxs hablan. Aun existen, es cierto, desigualdades estructurales que limitan ciertas voces y sobreexponen a otras, pero lo cierto es que la opinión pública ya no será nunca más unidimensional, sino plural. Hoy los comunicadores del pueblo somos todxs.

El anuncio de la creación de una “Red de Comunicadores del Pueblo” abona a la atmósfera de persecución y condena contra la prensa en México. Busca trazar una línea entre los verdaderos comunicadores, que están con el pueblo, de los falsos periodistas, que se han vendido a las mafias del poder. En ese sentido, la 4T se vuelve a equivocar. No solo ha renunciado a su obligación de brindar protección física a los periodistas y de asegurar el ejercicio del oficio, sino que mantiene su obcecación de minar garantías institucionales y jurídicas que garanticen, en última instancia, la libertad de expresión.

*Édgar Guerra es Profesor-Investigador al Programa de Política de Drogas del CIDE en su sede Región Centro.