Patricia Armendáriz negó conflicto de interés por Ley de Cobranza Delegada: “Eso no ha sucedido”

Patricia Armendáriz, diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), negó cualquier conflicto de interés ante la votación de la Ley de Cobranza Delegada, como lo insinuó el economista Mario Di Constanzo ante los medios y las redes sociales.

Durante una entrevista concedida a Joaquín López-Dóriga en su espacio de Radio Fórmula, el también legislador por el Partido del Trabajo (PT) exhortó a Armendáriz a abstenerse en participar en este proceso por su presencia en el sector empresarial.

Di Constanzo señaló que la ex participante del programa Shark Tank es accionista y directora de una Sociedad Financiera Popular (Sofipo), así como directora general de Posibilidades Verdes, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom).

Asimismo, detalló que la Sofipo presidida por la morenista es de las que tienen menor nivel de capitalización; además de que fue multada cuatro veces durante el 2021 debido al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita obtenidos de su alianza con la empresa Fondeadora.

“Al tener presencia e intereses en el sector la obligarían, en algún momento dado, a excusarse de votar reformas relativas a los sectores (...) Todo esto genera un conflicto de interés fuerte, y más aún si en su momento se está votando o se está discutiendo una ley que afecta directamente al sector”, señaló el economista.

Ante estas declaraciones, Patricia Armendáriz publicó una nota aclaratoria en su cuenta de Twitter para explicar el motivo por el cual no habría ningún conflicto de interés en su participación durante la discusión y votación de la Ley de Cobranza Delegada en la Cámara de Diputados.

Según mencionó, en noviembre de 2021 quedó documentada su renuncia a la dirección general de la Sofipo, puesto que ocupó desde su fundación. Toda esta situación, afirmó, fue notificada “con toda oportunidad” a las diferentes autoridades financieras, incluyendo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

“El hecho de que mi nombre aún aparezca en los registros de esta última autoridad deriva de los proceso y validaciones que la Condusef realiza cuando hay modificaciones en las estructuras corporativas de las entidades financieras”, explicó Armendáriz.

Posteriormente, aseguró que desde la fecha estipulada en los registros, ya no hay desarrollado ninguna actividad de dirección o ejecución de alguna entidad financiera, mucho menos en las señaladas por di Constanzo.

Sobre su participación como accionista de esta Sofipo, aclaró que sí continúa siéndolo, pero como socia minoritaria, pues es parte del patrimonio que construyó durante sus años como empresaria, así que, a su parecer, no constituye ningún delito.

“Ser accionista directa o indirectamente en una entidad financiera no constituye ilegalidad alguna y tampoco representa por sí mismo un conflicto de interés en relación con mi calidad de diputada federal”, señaló la legisladora de Morena.

La única manera en la que podría haber conflicto de interés con su situación, aseguró Armendáriz, sería si hubiese votado alguna iniciativa de ley que pudiera representarme o representarle un beneficio a ella o a la entidad financiera, cosa que, sentenció “¡Eso no ha sucedido!”.

Finalmente, garantizó que durante todo su periodo como diputada federal se ha conducido con “estricto apego a la legalidad”, la cual le resulta aplicable dada su labor como representante popular para lograr la “Transformación” de México.

La reforma a la Ley de Cobranza Delegada señala que este tipo de créditos de nómina sólo podrán ser ejercidos por instituciones crediticias sujetas a la regulación y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esto se planteó para crear mecanismos efectivos con el objetivo de combatir los abusos presentados por acreedores no supervisados.

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