Prisión preventiva oficiosa, incluso, para tentativa de feminicidio

Melissa Estefanía Vargas, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), busca que el Ministerio Público (MP) pueda solicitar al juez, de manera protocolar, la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en casos de feminicidio en grado consumado o de tentativa.

Para que esta propuesta se haga realidad, presentó una modificación al Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la cual señala que cualquier detención no puede durar más de 72 horas a menos que exista riesgo de fuga o se compruebe un riesgo para la sociedad.

“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso”, dicta el segundo párrafo de dicho artículo.

En este caso particular, lo que busca la secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales es agregar la frase “en grado consumado o de tentativa”, para que el presunto responsable de intentar atentar contra la vida de una mujer por el hecho de ser mujer sea privado de su libertad durante la investigación que determine su culpabilidad.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su adecuada dictaminación y refiere la importancia de que los casos de tentativa de feminicidio se clasifiquen como tal, a fin de que se pueda imponer esa medida al agresor y proteger a las víctimas de un ataque posterior.

Asimismo, destacó la necesidad de dotar de certidumbre a las autoridades, para evitar la discrecionalidad o interpretación que dé lugar a ser opcional la prisión preventiva.

En ese sentido señaló que falta claridad en las leyes, no hay unificación en conceptos jurídicos ni una correcta aplicación, lo cual forma vacíos legales que impiden que los casos de extrema violencia contra mujeres sean juzgados como un feminicidio en grado de tentativa.

Con lo que esta reforma busca eliminar esos vacíos legales existentes actualmente desde la CPEUM y que, de manera urgente y necesaria, se ordene la prisión preventiva oficiosa para la tentativa de feminicidio, cuando se observa el dolo y el riesgo para la vida de las mujeres.

Agregó que, al no tener el marco legal constitucional alineado y con vacíos legales, los presuntos agresores promueven amparos, reclamando que se impusiera prisión automática por una tentativa, y no por un hecho consumado.

Recalcó, durante la exposición de motivos, que en muchos casos el agresor atenta contra la vida de la mujer varias veces sin éxito, y a pesar de existir las denuncias, debido al alto grado de impunidad sigue en libertad con la posibilidad de continuar intentando el feminicidio hasta lograrlo, ante la indefensión de la víctima, lo cual se puede evitar con la medida que se pretende.

Refiere que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y noviembre de 2021 fueron asesinadas 3 mil 462 mujeres en México, un promedio de 10 al día; de ese total, 2 mil 540 fueron víctimas de homicidio doloso y 922 de feminicidio.

Además, delitos de violación, trata de personas u homicidio se agravaron por el aumento de la violencia generalizada, los recortes a los presupuestos de igualdad, políticas de género débiles y el aumento de las agresiones durante la pandemia.

Cerró diciendo que en los últimos ocho años las fiscalías del país, en promedio abrieron 595 investigaciones diarias por golpes, quemaduras, estrangulamientos, lesiones con armas blancas o de fuego contra mujeres, y 781 fueron por feminicidio en grado de tentativa.

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