Durante el onceavo foro del Parlamento Abierto para discutir la Reforma Eléctrica de AMLO, se trataron los temas de tarifas, oferta-demanda y fuentes renovables, donde especialistas de la CFE se confrontaron ante un representante de la Coparmex y un ex colaborador de la CRE que ahora trabaja en un despacho privado.
De tal modo que este miércoles 2 de febrero, Mario Morales, director general de Intermediación de Contratos Legados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y José Martín Mendoza, director general de CFE Suministrador de Servicios Básicos, explicaron los pros de la iniciativa promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En primer lugar, Morales Vielmas dijo que la paraestatal tiene el compromiso de establecer tarifas para el servicio público y que esta reforma busca devolver a la ciudadanía el sentido social que tiene el sector energético, porque la electricidad es una necesidad básica, más cuando hay desigualdades tan pronunciadas en el país.
Bajo esta lógica, el funcionario de la compañía dirigida por Manuel Bartlett reiteró que “el interés privado sólo piensa en utilidades y más cuando son empresas extranjeras”, mientras que la CFE busca impulsar el desarrollo de la nación. Por ejemplo, mencionó, el sector servicios ya no tiene sentido social, el alumbrado público aumentó de manera extraordinaria y hoy los municipios y estados tienen graves problemas para pagar sus montos.
Asimismo contravino una de las críticas más comunes que le adjudican a la CFE, que es la generación de energía cara y sucia, ya que dijo que ésta tiene el 38% de energías limpias produciéndose en este momento, contra el 62% de fósiles, y sólo el 3.1% se genera con combustóleo. Mientras que los privados tienen el 20% de energías limpias cuando tienen más centrales de generación.
También dijo que la administración federal está enfocada en evitar algo que está pasando en otros países, porque la tendencia observada es que los generadores privados extranjeros, se apoderan del mercado y la producción eléctrica. “Hay que escucharnos y tomar una decisión para fortalecer a la CFE y al Estado, pero siempre poniendo en el centro al ciudadano”.
Por su cuenta, Mendoza Hernández señaló la necesidad de modificar en la legislación el tema de los costos, porque existen 180 tarifas diferentes en México. Y es que esta división excesiva, de acuerdo con el directivo de CFE, ha hecho que se pierda el sentido social y que los estados y municipios deban a la paraestatal cerca de 20 mil millones de pesos (USD mil millones aproximadamente).
Añadió que es necesario reformar los conceptos de generación y distribución, pues ello impacta en los costos, así como adecuar el mercado spot, el cual se desarrolla en un entorno de volatilidad. La reforma busca proteger al 90% de los consumidores por medio de la conservación del esquema actual de subsidios, mismo que es del 50 por ciento.
Contrastantemente, Carlos Aurelio Hernández, vicepresidente de Energías Renovables de la Comisión de Energía de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que la iniciativa de AMLO es contraria a la libertad de elegir a quién consumirle y a la libertad de emprender de las empresas e innovar.
En cambio, exhortó a la Iniciativa Privada (IP) y al gobierno a trabajar en conjunto, pues los avances tecnológicos en energías limpias desde el 2016 los han dado proveedores particulares y no la CFE.
“No ha habido nueva energía limpia por parte de CFE en los últimos 20 años y el crecimiento que hemos visto de tres por ciento de 2016 al 11% de pura energía eólica y solar y con la biomasa 12%, será gracias a la entrada al mercado y a las inversiones privadas que se detonaron en ese entonces”.
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