La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a un juez del Reclusorio Norte la detención y encarcelamiento preventivo de Ricardo Anaya, excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en 2018 y quien nuevamente buscará la silla presidencial en 2024.
De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, autoridades de la FGR confirmaron al portal Animal Político que la Fiscalía tiene listas dos posibilidades para llevar esto a cabo: la primera, si Ricardo Anaya se presenta voluntariamente a la audiencia inicial programada para el 14 de febrero. Ahí pedirá al juez que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debido a la posibilidad de que el político se dé a la fuga.
Pero en caso de que no se presente, la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero, buscará una audiencia privada para solicitarle al juez girar una orden de aprehensión por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.
El juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia le advirtió a Ricardo Anaya que tendría que presentarse personalmente a comparecer ante el juzgado cuando se realice la audiencia inicial (programada para el lunes 14 de febrero) o de lo contrario, autorizará a la FGR para que proceda a buscarlo.
En esta audiencia el excandidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN) será cuestionado por los supuestos nexos con la empresa brasileña Odebrecht, así como una supuesta captación por $6.8 millones de pesos.
Al político mexicano se le señala por su probable participación en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita; el dinero supuestamente provenía de la constructora brasileña.
La defensa legal de Ricardo Anaya ha asegurado que necesita más tiempo para revisar todo el expediente del caso.
De acuerdo con el Código Penal Federal, la suma de las penas de los delitos que se le imputan al panista va desde un mínimo de 12 años de prisión hasta un máximo de 39 años de cárcel. En caso de ser declarado culpable, no alcanzaría el beneficio de la libertad bajo caución.
Ricardo Anaya apareció por primera vez en el radar de la Fiscalía General de la República (FGR) cuando Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo señaló por la supuesta recepción de 6.8 millones de pesos.
El supuesto soborno proveniente de las arcas de la empresa Odebrecht, era un tipo de impulso para Anaya, quien fungía como presidente de la Cámara de Diputados, con el objetivo de aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, en septiembre de 2021, el político publicó una serie de videos en la que desmintió, paso a paso, las pruebas que supuestamente lo incriminan, y que le fueron presentados por la FGR en un montón de cajas con archivos.
Además, lo señalan por diversas declaraciones patrimoniales en las que aseguró poseer dos casas en el Club Campestre, una zona exclusiva de Querétaro, una de ellas donada a su esposa por su suegra.
En otra de las declaraciones informó un par de préstamos hechos a su esposa por parte de él mismo y de su madre; el primero de 3 millones 500 mil pesos, y el segundo por dos millones 75 mil pesos, cantidad equiparable a la recibida en los supuestos sobornos, de acuerdo con las autoridades.
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