El 19 de enero, el gobierno de Estados Unidos estaba por dar un golpe fulminante a Marco Antonio Santillán Valencia, un presunto líder criminal de una red de tráfico de armas que trabajaba para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los miembros de este grupo habían sido cercados desde hace meses por las autoridades de aquel país.
Tras semanas de investigación, las conversaciones en Facebook de Santillán condujeron a los agentes hasta la puerta de un escondite inimaginable: una simple casa en la ciudad de Whittier, en Los Ángeles (EEUU). La propiedad aguardaba cartuchos para rifles de asalto, numerosas piezas y accesorios de ametralladoras.
Ese día, tomó pocos minutos detener a Santillán y cuatro sujetos más que coordinaban el envío de armas a México. Sin embargo, uno de los integrantes habría huido. Se trataba de Rafael Magallon, de 34 años, quien se cree podría estar en tierras aztecas.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, a mediados de enero a través del Operativo Semper Infidelis, desarrollado de manera conjunta con el FBI y la DEA, se destapó una red de tráfico de armas para el CJNG. Los agentes detuvieron a cinco personas a las que considera presuntos miembros de una célula criminal dirigida por Marco Antonio Santillan Valencia, de 51 años, que transportaba armas de Estados Unidos a México.
Diversos mensajes de Facebook y videos enviados por dicha red social hicieron saltar las alarmas. Según el gobierno estadounidense, el líder del grupo criminal tenía varias conversaciones en las que señalaba que los negocios con el cártel —dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho—, eran rentables.
Los mensajes fueron enviados el 26 de mayo de 2020, desde entonces los policías comenzaron un seguimiento. Descubrieron que Santillán junto con su hijo, Marco Santillan Jr., de 29 y cuatro personas más identificadas como Anthony Marmolejo Aguilar, de 30; Michael Diaz, de 33; Luis De Arcos, de 51 y Rafael Magallon Castillo, de 34 realizaban envíos periódicos de armas de las ciudades de Whittier y Pahrump, Nevada (Estados Unidos) a México.
“Los acusados en este caso sacaron de contrabando armas sofisticadas de Estados Unidos a uno de los cárteles más violentos de México, cuyos miembros tienen como objetivo no solo a las pandillas rivales sino también a ciudadanos mexicanos inocentes y a las fuerzas mexicanas del orden público”, señaló Kristi Johnson, subdirectora de la Oficina en Los Ángeles de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Los seis sospechosos están acusados de conspirar para violar las regulaciones que “restringen la exportación de artículos que podrían hacer una contribución significativa al potencial militar de otras naciones o que podrían ser perjudiciales para la política exterior o la seguridad nacional de Estados Unidos”. Cinco de los sospechosos también están acusados de varios cargos de intento de contrabando.
Santillán compraba el armamento en Estados Unidos con dinero sucio de la venta de narcóticos, según se lee en la acusación del gobierno de Joe Biden. “El hombre supuestamente usó las ganancias de la venta de narcóticos para comprar rifles de asalto, cientos de miles de cartuchos para rifles de asalto y numerosas piezas y accesorios de ametralladora”.
“Este caso muestra un plan para proporcionar armas de fuego de grado militar a una importante organización narcotraficante que comete actos de violencia atroces en México para promover su objetivo de inundar a Estados Unidos con narcóticos peligrosos y mortales”, advirtió la fiscal federal Tracy L. Wilkison.
El supuesto líder de la organización, Santillán Valencia, y su hijo también están acusados de conspiración de lavado de dinero.
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