La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 146/2021 a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz por Morena, por presuntamente violar los derechos humanos de seis personas mientras se encontraban privadas de su libertad, quienes fueron detenidas el pasado 3 de septiembre del 2021 en las inmediaciones de un centro comercial de la ciudad de Xalapa.
De acuerdo con lo redactado por la comisión presidida por Rosario Piedra Ibarra, se violentó la seguridad jurídica y a la libertad personal de los jóvenes, derivado de “la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz”.
Dicha queja señala que las seis personas detenidas fueron remitidas a los separos, lugar donde firmaron documentos y dieron acceso a sus teléfonos celulares para luego ser trasladados a instalaciones de la FGE en Xalapa. Una vez en las instalaciones de la fiscalía, fueron acusados del delito “ultrajes a la autoridad”, pues los policías aseguraron que los señalados realizaron una agresión con cuchillos.
En consecuencia, el Juzgado Estatal 1 calificó como legal la detención y los vinculó a proceso. Por su cuenta, la CNDH, al integrar el expediente, logró recabar pruebas y evidencias suficientes para acreditar que se violaron sus derechos de las víctimas, pues los elementos de la SSP no se apegaron a los lineamientos constitucionales para la privación de la libertad de cualquier persona. Además, la detención ocurrió sin orden de aprehensión ni se acreditó flagrancia o caso urgente.
Aunado a esto, el organismo descentralizado consideró que se vulneró el derecho humano de acceso a la justicia al no existir una valoración objetiva de las evidencias contenidas en el proceso penal, ya que “no existe ninguna duda de que la puesta a disposición de los elementos de la SSP se apartó de la verdad”.
Lo anterior terminó en una imputación indebida de hechos y, de acuerdo con la CNDH, se ratificó la resolución de mantener a las víctimas en prisión preventiva desestimando pruebas ratificadas, reiteradas y dictaminadas como ciertas.
También señaló una falta, por parte de los funcionarios relacionados a la detención, de “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. Por lo que solicitó medidas reparatorias en favor de las seis víctimas de la detención por el delito de ultrajes a la autoridad.
Además, se solicitó que las autoridades del estado colaboren en la presentación de quejas venideras para que se proceda contra los funcionarios que tengan responsabilidad administrativa y/o que estén relacionados con el momento de la aprehensión.
Finalmente, se exhortó a Cuitláhuac García a que inicie el procedimiento legislativo para derogar del delito de “ultrajes a la autoridad” del Código Penal del Estado de Veracruz (CPEV), el cual impone de seis meses a dos años de prisión y una multa hasta de cuarenta días de salario. Así como la impartición de cursos de certificación en materia de derechos humanos a los elementos y funcionarios relacionados en la procuración de justicia con la finalidad de evitar casos como este.
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