La diputada por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, fue una de los muchas legisladoras y legisladores que se lanzaron en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que decretara que los megaproyectos y demás obras de infraestructura serán considerados de interés público y seguridad nacional.
Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la panista condenó los actos del Jefe del Ejecutivo y señaló que con ellos el mandatario “mandó al diablo las instituciones”. Asimismo comentó que con el decreto publicado en el Diario oficial de la Federación, no sólo impulsa a que exista mayor corrupción en el país, sino que también pone en riesgo al medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas.
“La dimensión de este decreto es grave, es delicada, viola derechos humanos, viola el derecho a la transparencia y rendición de cuentas porque con el argumento de seguridad nacional, prácticamente pueden construir cualquier cosa”, señaló la panista.
El pasado 22 de noviembre, a través de una publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), López Obrador declaró que los megaproyectos y demás obras de infraestructura serán considerados de interés público y seguridad nacional, esto debido a su importancia para impulsar el proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T). Así como también explica que esto lo hace con apego a la facultad que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en el Artículo 89, fracción I.
Dicho acuerdo consta de tres artículos esenciales. El primero explica que “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
El segundo punto señala que se girara una instrucción a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para “otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”.
Finalmente, el tercer artículo delimita la autorización provisional, misma que contará con “una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva”.
Sin embargo, durante su conferencia matutina, el mandatario aseguró que la propuesta es únicamente “para agilizar trámites” y que las obras no se detengan por procedimientos burocráticos.
“Que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé tiempo para presentar toda la documentación”, comentó.
Por otra parte, las críticas han puesto en entre dicho las declaraciones del Jefe del Ejecutivo, pues estas han sido bastas. La senadora panista Lilly Téllez también emitió su opinión al respecto aseguró que será difícil y tardado que proceda una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del presidente.
“Quizás deberíamos dejar de pagar impuestos. ¿Para qué dar nuestros recursos si estos parásitos no nos van a decir ni siquiera en qué se gastan el fruto de nuestro trabajo diario?”, declaró Téllez en entrevista con Luis Cárdenas para MVS Radio
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