Por qué el decreto de AMLO pone en riesgo el acceso a la información pública: “Lo más delicado es incluir la expresión ‘seguridad nacional”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prácticamente eliminó todo obstáculo o contratiempo entre sus propuestas de proyectos y la ejecución de los mismos. La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó la víspera un decreto de ley que establece la autorización de manera automática de toda obra que el gobierno considere “de interés público y seguridad nacional”, carácter que ha encendido las alarmas de analistas, actores políticos y expertos en el tema que lo traducen una grave advertencia: pone en riesgo el acceso a la información pública.

La nueva instrucción hace a un lado todas las revisiones de ley en del tipo ambiental, responsabilidad y viabilidad, estableciendo un plazo de cinco días a las agencias reguladoras para aprobar de manera temporal, por un año, cualquier proyecto que el gobierno quiera ejecutar. Pasado ese tiempo ya los agentes correspondientes realizarán la revisión para ver si otorgan una aprobación definitiva, lo que muy probablemente se daría ya cuando las obras estén comenzadas y avanzadas.

El decreto dicta: “Declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

De manera directa, advierten especialistas, la gravedad en el decreto radica en la facultad que el mandatario se está otorgando para ejecutar sus planes sin reparar en las consecuencias que puedan suponer. Por ejemplo lo que ya pasa con su obra insignia el Tren Maya. AMLO lo defiende como una fuente de ingresos a las comunidades cercanas a la rata turística caribeña. Sin embargo, mismos pobladores de las zonas relacionadas ya se han ido hasta el terreno legal acusando que no fueron tomados en cuenta para la realización de la obra que, alegan, sí les está perjudicando.

Pero más allá de eso, hay un punto que preocupa a varios sectores de la ciudadanía: el acceso a la información pública.

“Lo más delicado del tema es la decisión de incluir la expresión ‘seguridad nacional’ que permitiría a las dependencias clasificar los contratos y otros documentos como “reservados”. Es decir quitándoles su carácter público”, advirtió en entrevista para Infobae México, Eduardo Bohórquez, director de la organización civil Transparencia Mexicana.

El mismo presidente mexicano descartó este martes, en su habitual conferencia matutina, que el decreto atente contra el derecho al acceso a la información por parte de las ciudadanas y los ciudadanos. Entonces subrayó: “No tiene nada que ver con la transparencia, las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas”, mientras reiteraba que la convicción de su gobierno de “actuar con honestidad, cero corrupción y también cero impunidad”.

“El control efectivo de la corrupción reclama muchos ojos dentro y fuera del gobierno. Limitar al acceso a la información impide que la sociedad se sume a la vigilancia estricta del gasto público”, recordó Bohórquez, insistiendo en que la medida abre claramente la puerta a clasificar información, que ahora es pública, como reservada bajo el argumento de que se trata de proyectos de “seguridad nacional” aunque no los implementen el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional.

Entonces, el experto señaló que, en términos prácticos, el reservar esa información sobre los proyectos gubernamentales, como el contenido de cada contrato o manifiestos de impacto ambiental, afectarán directamente a los derechos de las comunidades donde se vayan a ejecutar.

“Judicializar el acceso a la información siempre es regresivo”, insisitió, “afecta más a quienes no tienen recursos”.

Desde las mismas dependencias del gobierno ya advierten tal riesgo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ya señaló que analizaría de fondo el acuerdo a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados. El organismo coincidió en la ventana que el decreto deja a la reservación de información.

Mientras que Eduardo Bohórquez lamentó en la charla con este medio que, de clasificarse la información, sin duda “las más afectadas serán las comunidades y las personas que las habitan”, señalando que ese sector ciudadano simplemente no cuenta con los recursos para iniciar litigios estratégicos y esperar años para obtener la información que necesitan en el momento.

“La lucha contra la corrupción en México no es solo del presidente. Es un reclamo y una causa de la sociedad mexicana, y para participar en ella, es indispensable contar con información pública de forma oportuna y conforme a lo que marca nuestra Constitución”, apuntó el especialista.

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