
Tras la renuncia de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la institución perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tomó relevancia mediática, ya que los nuevos cambios en el gabinete del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) generaron polémica, pues él mismo llegó a considerar a Nieto como uno de sus principales elementos en su lucha contra la corrupción.
Su renuncia fue presentada ante el jefe del Ejecutivo federal luego de haberse casado con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), en Guatemala. En su lugar se designó a Pablo Gómez Álvarez, ex diputado federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien quedará al frente de la dependencia en lo que resta de la administración obradorista.
La UIF es es una institución administrativa adscrita a la oficina del secretario de Hacienda cuyo objetivo es coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita , comúnmente conocido como lavado de dinero, así como de financiamiento al terrorismo; cuyos delitos son perseguidos con base en estándares internacionales.

Esta dependencia federal se creó el 7 de mayo del 2004, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante el mandato de Vicente Fox Quesada. La misión de esta instancia es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigidos a impedir la realización de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Además, la UIF puede señalar irregularidades tanto de empresas, partidos políticos, funcionarios y exfuncionarios, así como de figuras pertenecientes al ámbito artístico y de espectáculos, como fue el reciente caso de la conductora Inés Gómez Mont, acusada de haber incurrido en delitos como peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizado, junto con su marido Víctor Manuel Álvarez Puga.
Las principales funciones de Inteligencia Financiera son las siguientes:
1. Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables
2. Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada
3. Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.
En cuanto al cumplimiento de sus operaciones, la UIF obtuvo una calificación mayoritariamente cumplida por la Cuarta Ronda del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la cual fue realizada, conjuntamente, en 2017, por un equipo de expertos del GAFI, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), así como del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con esta evaluación, la UIF se posicionó en el mismo nivel de cumplimiento que sus homólogas de EE.UU., Francia, Italia, Japón y Reino Unido, que son algunos de los países que integran el llamado Grupo de los Siete (G-7).
Antes de haber sido relevado del cargo, Santiago Nieto Castillo, ordenó caminar alrededor de cinco principales ejes: robo de hidrocarburos, trata y tráfico de personas, empresas fachada y factureras, combate al narcotráfico y la corrupción política. Además, bajo su dirección, la UIF emprendió una serie de acciones contra exfuncionarios, empresarios y organizaciones por posibles actos de lavado de dinero.
Por sus trabajos de investigación, Nieto fue “vetado” en el sexenio de Enrique Peña Nieto por los señalamientos hacia Emilio Lozoya Austin, Juan Collado y César Duarte, esto mientras se desempeñó como fiscal de Delitos Electorales. No obstante, el exfuncionario siguió la pista a los personajes mencionados previamente mientras fue titular de Inteligencia Financiera.
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