La fiscalía federal del Distrito Medio de Florida acusó formalmente a cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por negociar desde la República Checa la compra de ametralladoras europeas, lanzagranadas, morteros y municiones a cambio de fentanilo y metanfetamina destinados al mercado estadounidense.
Los cuatro acusados, todos mexicanos, enfrentan cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas de fuego, con penas máximas de cadena perpetua.
Se trata de Edgar Alejandro López Velasco y José Miguel Alvarado Morales, quienes ya fueron extraditados a EEUU y comparecieron ante un juez el pasado lunes 10 de agosto, donde quedaron detenidos. Los otros dos, Noé Díaz Jiménez y Leobardo Gaxiola López, alias “Bado”, permanecen en proceso tras su arresto en la República Checa en junio de 2026.
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Gaxiola es el único de los detenidos en Europa que no enfrenta acusaciones por narcoterrorismo. Además, Noé Díaz es señalado por EEUU como el responsable de un narcolaboratorio asegurado por fuerzas federales mexicanas el pasado 12 de junio de 2026 en Zapopan, Jalisco.
El fiscal federal Gregory W. Kehoe encabezó el anuncio del caso, que será procesado por el fiscal auxiliar Dan Baeza.
Las armas serían usadas para atacar a cárteles rivales, civiles y fuerzas de seguridad mexicanas
Según la acusación, en febrero de 2026 Edgar Alejandro López Velasco y Noé Díaz Jiménez negociaron la adquisición de armamento desde la República Checa con el objetivo de cometer actos de violencia contra organizaciones criminales rivales, civiles, policías y militares mexicanos.
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El arsenal negociado incluía distintos tipos de ametralladoras de fabricación europea, lanzagranadas, morteros y municiones. A cambio, los acusados ofrecieron cargamentos de fentanilo y metanfetamina que serían importados a Estados Unidos para su distribución.
Según datos revelador por el Departamento de Justicia de EEUU este 11 de agosto, estos son los perfiles criminales y los cargos en contra de los cuatro mexicanos:
Edgar Alejandro López Velasco, de 44 años. Señalado por trabajar como representante de un miembro de alto rango del CJNG. Enfrenta cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para proporcionar apoyo material al terrorismo, conspiración para la importación de drogas y conspiración de tráfico de armas de fuego. EEUU no reveló quien sería su líder criminal en México.
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Noé Díaz Jiménez, de 33 años, presuntamente operaba como traficante de fentanilo con infraestructura propia en México. La acusación le imputa los mismos cuatro cargos que a López Velasco: narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, importación de drogas y tráfico de armas.
José Miguel Alvarado Morales, de 23 años, era representante de otro miembro de alto rango del CJNG -de quien tampoco se reveló identidad-. Enfrenta los mismos cargos que López Velasco y Díaz Jiménez, incluyendo narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo.
Por último, Leobardo Gaxiola López, alias “Bado”, de 63 años, quien presuntamente actuaba como intermediario en el tráfico de narcóticos y armas. Es el único de los cuatro que no enfrenta cargos de narcoterrorismo ni de apoyo material al terrorismo; la acusación lo imputa únicamente por conspiración para la importación de drogas y tráfico de armas de fuego.
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Los cuatro enfrentan penas máximas de cadena perpetua.
México desmanteló en Zapopan el laboratorio clandestino de opioides de Noé Díaz Jiménez
El 12 de junio de 2026, un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República derivó en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetaminas en la colonia Mesa Colorada, en Zapopan, Jalisco. Los trabajos se realizaron mediante una orden de cateo y el resultado fue dado a conocer por el Gabinete de Seguridad Nacional a través de sus redes sociales al día siguiente.

La acusación formal presentada en Florida señala que el narcolaboratorio de ese inmueble era operado por Noé Díaz Jiménez como parte de su actividad dentro del CJNG. En su momento, las autoridades mexicanas no revelaron vínculos del sitio con alguna organización, aunque el laboratorio se ubicaba en una zona de única influencia del CJNG.
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Durante el cateo se aseguró aproximadamente un kilogramo de fentanilo, un arma de fuego, un vehículo, equipos de comunicación y diversas sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas. Según reportes previos de este medio, una vez localizados los materiales, las autoridades aplicaron los protocolos correspondientes para la neutralización y destrucción en sitio de los precursores químicos, con el fin de impedir que fueran utilizados en la fabricación de más droga.

Autoridades mexicanas detallaron en el anuncio del golpe contra el narco en Jalisco que ese desmantelamiento evitó la producción de alrededor de 625 mil dosis de drogas, provocando una afectación económica a las organizaciones criminales que operan en la entidad de más de 714 mil pesos.
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Investigación contra el CJNG en Europa contó con apoyo de autoridades mexicanas
Según el comunicado del Departamento de Justicia publicado este 11 de agosto, la investigación en contra de los cuatro miembros del CJNG fue encabezada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Investigación de la Guardia Costera, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) -todas instituciones de EEUU- con la participación de autoridades de República Checa, la SSPC mexicana y la Secretaría de Marina de México.

Además, se reveló que la a INTERPOL y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia coordinaron la detención de los cuatro acusados en la República Checa en junio de 2026 y la posterior extradición de López Velasco y Alvarado Morales a Florida. De acuerdo con el mismo comunicado, el caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida por la Orden Ejecutiva 14159.
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El Departamento de Justicia informó además que la acusación formal notifica a los cuatro imputados que Estados Unidos solicitó una orden de decomiso de las ganancias derivadas de los cargos.
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