Congresistas de los Estados Unidos expresaron este miércoles al presidente Joe Biden su preocupación de que, aseguraron, el gobierno de México discrimina en forma “abrumadora” a empresas privadas para apoyar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).

A través de una carta instaron a la administración del mandatario demócrata a redoblar sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas para que detengan las “acciones discriminatorias” y brinden a las compañías estadounidenses que operan o comercian con México un campo de juego nivelado, como lo prevé Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El mensaje también fue dirigido a Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca; Anthony J. Blinken, secretario de Estado, Gina M. Raimondo, secretaria de Comercio, y Jennifer M. Granholm, secretaria de Energía.

Al menos 40 legisladores argumentaron que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido el objetivo explícito de brindar un trato preferencial a dicha paraestatales “en directa contradicción con el T-MEC, que su propia Administración negoció y firmó”.

En este sentido, calificaron tanto a López Obrador como a su partido Morena, como anticompetitivos, perjudiciales para el medio ambiente y a la inversión estadounidense y sus trabajadores.

Según informes de los medios, el gobierno mexicano ha suspendido los permisos de varias terminales de almacenamiento de combustible de propiedad estadounidense, mientras utiliza a la Guardia Nacional para forzar el cierre de 23 instalaciones relacionadas con el combustible, como sitios de almacenamiento, y el cierre parcial de otras 171.

En junio, la autoridad tributaria de México modificó las Reglas Generales de Comercio Exterior, prohibiendo a las empresas obtener o renovar los permisos de tres años que se requieren para que las terminales de combustible sirvan como puntos de entrada y salida de hidrocarburos.

La misma agencia suspendió en julio a 82 empresas del comercio de combustibles por presuntas violaciones fiscales.

Mientras tanto, sólo entre el 20 de diciembre de 2020 y el 15 de julio, la Secretaría de Energía de México canceló 1,866 permisos para la importación y exportación de gasolina, diésel, gas LP, jet fuel, fuel oil y crudo.

Al 20 de septiembre, sólo 97 de los 1,954 permisos otorgados a empresas privadas estaban activos en México.

Tras indicar todas estas cifras, los legisladores expresaron: “Tal acción descarada en contravención de la legislación existente tiene implicaciones significativas para las empresas y los trabajadores estadounidenses”.

En 2019, la industria del petróleo y el gas natural respaldó directa o indirectamente 11.3 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos y tuvo un impacto económico nacional de casi 1.7 billones de dólares.

En 2020, México fue el mercado de exportación más grande de productos petrolíferos de Estados Unidos, representando 12% de todas las exportaciones, así como un mercado en crecimiento para el gas natural.

Incluso, subrayaron que organismos empresariales mexicanos han reconocido que las políticas proteccionistas tienen costos significativos.

Por su parte, el embajador del gobierno de Estados Unidos en México, Ken Salazar informó la tarde de este miércoles a través de su cuenta de tuiter, haber sostenido encuentros con funcionarios del gobierno mexicano en Palacio Nacional, donde presentó las preocupaciones de la administración que encabeza Joe Biden, entorno a la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El diplomático no reveló los nombres de los funcionarios con los que se entrevistó.

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