
La Reforma Energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no sólo causó polémica en el entorno político, económico y social mexicanos, también hizo eco entre la comunidad internacional especializada en esta materia.
Por ello la Cámara Americana de Comercio (AmCham, por sus siglas en inglés) de México, manifestó su preocupación por esta modificación de ley, pues mediante un comunicado indicó que, en caso de limitar la participación de empresas privadas, dañaría a los mexicanos y su relación con Estados Unidos y Canadá.
“De ser aprobada, afectaría a las familias e industria mexicanas por sus repercusiones medioambientales, económicas y de cumplimiento de compromisos internacionales, particularmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, expresó la AmCham.
Resaltaron que esta Reforma de ley también erosionaría la “confianza y certidumbre para la recuperación”, pues no respeta los esquemas regulatorios y contractuales de las inversiones a largo plazo.
También, señaló que “contraviene los compromisos establecidos por México en el T-MEC” al eliminar los órganos reguladores coordinados en materia energética y el mercado eléctrico mayorista, pues se impondrían cuotas de mercado y cancelaría contratos privados.

Otros aspectos que alteraría son: la reducción en opciones del suministro eléctrico en todo el país, aumento en el costo final, pérdida de oportunidades para que México sea una economía “pujante y competitiva”.
Asimismo, detallaron que si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa como el único organismo en proporcionar energía al país tendría “capacidades limitadas de generación limpia, impidiendo que México logre sus compromisos internacionales”, en acuerdos como los de París, el T-MEC y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable.
Después de este análisis, y para finalizar su comunicado, la AmCham envió “un atento llamado” a los legisladores participantes en la discusión de la Reforma Energética para que “antepongan” la economía de mexicanos, la competitividad de la industria, el respeto al derecho humano y al Estado de Derecho antes que un decreto presidencial.
Sin embargo, este documento no cayó bien en el entorno de la CFE, institución que, después de una semana, respondió estas acusaciones y tundió a la AmCham al asegurar que “es imprecisa en sus consignas”.
Mediante un boletín de prensa, este órgano dirigido por el polémico Manuel Bartlett remarcó que existe un competencia desleal debido a las condiciones actuales en materia energética que privilegian “indebidamente” a los competidores, lo cual obliga a la CFE a “otorgar subsidios disfrazados a los generadores privados”.

“Se le imponen subastas para comprar a sus competidores la energía destinada al suministro básico. En conclusión, hay una competencia desleal donde los únicos ganadores son las empresas privadas”, ahondó.
Posteriormente dijo que son falsas las afectaciones que podría sufrir el T-MEC con esta reforma, pues se “apela a la eliminación de las prácticas anticompetitivas”, situación que se pactó con EEUU y Canadá y por la cual a generación de energía no estará a cargo exclusivamente de CFE.
“Esta reforma no es expropiatoria: erradicará las prácticas desleales y abusivas al Mercado Eléctrico Mayorista, asegurando que los competidores mantengan y ejerzan a plenitud sus derechos propietarios de usar, disfrutar y disponer de sus plantas de generación”, aseveró la institución.
Finalmente tacharon de “imprudente” a la AmCham por señalar que “México perdería la oportunidad de ser una economía pujante y competitiva”, ya que el modelo propuesto por AMLO con esta modificación de ley garantizará “una mayor legalidad, equidad, transparencia y funcionalidad.
“Algo que nos beneficia en muchos sentidos, incluyendo el económico, tanto a la sociedad mexicana como al sector privado”, sentenció la CFE.
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