
La consulta hecha por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), impulsada a raíz de la iniciativa de enjuiciar a cinco expresidentes, concluyó con una muy baja participación por parte de de la ciudadanía y no consiguió los votos suficientes para ser vinculante, según la Constitución.
El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que la participación fue del 7.07 y 7.74% al final del domingo. De acuerdo con el director de la institución, Lorenzo Córdova, los votos se quedaron muy por debajo de lo necesario para que el resultado fuera vinculante en los poderes Legislativo y Ejecutivo.
En la boleta que recibieron los ciudadanos que salieron a votar se podía leer: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
El “sí” fue aplastante. Entre un 89.36% y un 96.28% de los participantes votaron a favor, mientras que del 2.19 al 9.21% marcaron la casilla del “no” y entre el 2.19 y el 9.21% de las boletas tenían los votos anulados, de acuerdo con lo registrado en las primeras 1,830 mesas de votación del país.

El texto de la pregunta, que fue definido en octubre pasado por la Suprema Corte de Justicia, generó posiciones encontradas entre juristas y analistas, algunos de los cuales consideraron que estaba apegada a la ley, mientras que otros afirmaron que era confusa y muy general.
Aunque la iniciativa no logró el respaldo popular requerido, algunos analistas prevén, de acuerdo con AP, que eso no cierra el camino para que el Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía General de la República puedan llevar adelante cualquier proceso judicial.
Después de tres años de mandato, López Obrador se ha quedado corto en su principal promesa de erradicar la corrupción, con pocos procesos judiciales de alto perfil en lo que va del sexenio, recalcó la agencia. Las acusaciones de corrupción hechas contra Emilio Lozoya, exdirector de la paraestatal Pemex durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y otros funcionarios de ese gobierno han resultado difíciles de llevar a juicio.

Ante esa situación los analistas consideran que López Obrador busca la bendición del electorado para cambiar de rumbo y perseguir a los expresidentes, dos de los cuales — Felipe Calderón (2006-2012) y Vicente Fox (2000 a 2006) — han estado entre sus más duros críticos.
En total, México tiene a seis expresidentes vivos, el mayor de ellos Luis Echeverría, de 99 años. El plazo de prescripción ha expirado para muchos de los abusos que se les acusa de haber cometido, la mayoría de los cuales involucran corrupción masiva, sobornos, despilfarro de dinero del gobierno y mala gestión económica criminal.
La consulta fue principalmente promovida por el partido del presidente, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes, al igual que el INE calificaron el ejercicio como una experiencia “exitosa”. Sobre todo recalcaron que “el clamor de justicia de la gente superó enormemente el NO”, lo que implica desde su perspectiva que “comienza una nueva etapa contra la impunidad en el país”.
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