
ONU Mujeres y la ONU-DH en México se posicionaron luego de la decisión de un tribunal de Quintana Roo de exonerar al empresario textil Kamel Nacif, acusado por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, en 2005.
A través de un comunicado, ambas instituciones reiteraron en primer lugar su solidaridad con la periodista y defensora de derechos humanos, así como a las personas “que la han acompañado en su búsqueda de justicia”.
Luego, consideraron que “la atención efectiva de las situaciones de graves violaciones de derechos humanos en México necesita el compromiso de todas las autoridades”, incluidos los derechos de acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición a las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos.
En este contexto, informaron que la obligación de todas las instituciones del estado mexicano “es dar cumplimiento al Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso”.

Pero en este caso, consideraron el estado mexicano había “violado el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación, en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personales y el respeto a la libertad de expresión”.
Una de las razones detrás de la consideración del Comité, fue que los tratos a Lydia Cacho “tuvieron un objetivo discriminatorio por razón del sexo, a la luz de la naturaleza de los comentarios sexuales vertidos y del trato sexualizado y violencia de género infligida”.
Por ello, consideraron importante remarcar que la obligación de las autoridades de garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos en México debe incluir la investigación y sanción de acuerdo con los principios de debida diligencia de los actos que pretendan coartar estos derechos”.

“La actividad de periodistas y personas defensoras de derechos humanos es esencial en una sociedad democrática. El propio trabajo de la señora Cacho ha demostrado la importancia del periodismo para dar a conocer los abusos cometidos desde diferentes ámbitos de poder”, consideraron en el comunicado.
Pero tras la reciente decisión de las autoridades mexicanas, los organismos de la ONU consideraron que “la impunidad en el caso de Lydia Cacho afecta a la periodista y a sus familiares”, además de favorecer “la repetición de los delitos y las violaciones a derechos humanos e impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos”.
Por último, ONU Mujeres y la ONU-DH refrendaron su disposición de “seguir brindando su asesoría y cooperación a las instituciones del estado mexicano, incluidas las instituciones judiciales, para contribuir a la efectiva incorporación de los estándares internacionales de derechos humanos en su actuar”.

Amparo a Kamel Nacif
Un tribunal del estado península mexicano Quintana Roo otorgó un amparo al empresario Kamel Nacif, conocido como el “rey de la mezclilla”, por la orden de aprehensión que tenía en su contra por su presunta participación en los hechos de tortura de los que fue víctima la periodista y defensora de derechos humanos mexicana, Lydia Cacho, en 2005.
El Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo, con mayoría de votos, otorgó en última instancia un amparo a José Kamel Nacif. Los jueces desestimaron que haya pruebas de que el secuestro y tortura de la periodista fuera por su libro ‘Los demonios del edén’, en el que acusó al empresario de pornografía infantil.
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