El día de ayer, durante la marcha por los seis años y nueve meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres de las víctimas exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se investigue la participación del ex presidente Enrique Peña Nieto en los hechos que ocurrieron el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Vidulfo Rosales, el abogado de los padres y madres de los 43, reconoció los esfuerzos del gobierno en turno por avanzar en la investigación. Sin embargo, opina también que “Faltan elementos: ¿Quién ordenó? ¿Por qué lo ordenó? (...) No tenemos la verdad, no tenemos la certeza de lo que ocurrió” y le preocupa que “pareciera que el gobierno no quiere enfrentarse con las clases políticas”.
El ex presidente Enrique Peña Nieto defendió durante todo su sexenio la versión de la “verdad histórica” que ofreció el entonces procurador General de la República, Murillo Karam, según la cual los cuerpos de los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula. Esa versión fue desmentida en varias ocasiones. La más reciente y definitiva fue hace 11 días, ya que la Universidad de Innsbruck, en Austria confirmó una coincidencia de ADN que permitieron identificar los restos de uno de los normalistas desaparecidos en la barranca de la Carnicería, que se encuentra a más de 1 km del basurero de Cocula.
Las madres y padres de los normalistas desaparecidos no sólo señalan a Enrique Peña Nieto, sino también a su círculo cercano: Murillo Karam, Miguel Ángel Osorio Chong, Enrique Galindo Ceballos, Manelich Castilla y exigen una revisión a profundidad del papel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en lo ocurrido la noche de Iguala y posteriormente. Según las investigaciones sobre los personajes que estuvieron presentes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, el 27 Batallón de Iguala se encontraba en el lugar. Por esto, los padres y madres exigen que se investigue el papel de la Sedena durante aquella noche.
“Estas porciones de verdad que el gobierno está ofreciendo son insuficientes para las madres y padres de familia”, fueron las palabras expresadas durante el mitin que dio cierre a la marcha por Paseo de la Reforma, pasando por el Antimonumento en memoria de los 43.
Durante la movilización de ayer, también exigieron al gobierno de López Obrador que detenga las agresiones en contra de otras escuelas normales del país. Esto en el contexto de la detención de 95 estudiantes de la normal rural de Mactumatzá, 74 mujeres y 21 hombres, que protestaban en la carretera de cuota entre Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas. Las y los activistas exigían un examen de ingreso presencial, ya que las comunidades que no tienen servicio de internet quedarían excluidas de un proceso de inscripción vía remota, en cumplimiento de las medidas de distanciamiento social por la pandemia de la COVID-19.
Mientras las y los estudiantes (de edades entre los 18 y los 20 años) se manifestaban, la Policía Federal irrumpió en la caseta de peajes, dispersando la movilización con gases lacrimógenos y deteniendo a las y los 95 estudiantes.
Las familias de las detenidas denunciaron actos de tortura, maltrato y abuso sexual por parte de los elementos de la policía que las detuvieron. En un testimonio recogido por el diario El País, el vocero de la escuela normal de Mactumatzá relata: “Aparte del maltrato psicológico, fueron golpeadas durante la detención e intimidadas con comentarios sexuales, después recibieron tocamientos de la policía”.
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