Irregularidades y corrupción: destaparon presuntas cuentas pendientes del gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa

El actual gobernador de Puebla, el morenista Luis Miguel Barbosa, estaría envuelto en una serie de irregularidades y actos de corrupción que han sido denunciados por funcionarios del estado.

El periodista Mario Maldonado destacó en su columna que escribe en El Universal, que a la luz de los procesos contra exlegisladores que estuvieron relacionados con los supuestos sobornos para aprobar la reforma energética -según las declaraciones de Emilio Lozoya, ex director de Pemex-, Barbosa Huerta podría enfrentar más de un caso en su contra.

El columnista destacó que cuando fue senador, Luis Miguel Barbosa presumió varias veces que fue gestor de más de 600 acciones en obra pública, con más de 2 mil millones de pesos en recursos dirigidos a municipios de todo su estado. Y al hacer una revisión de todas estas obras se observan irregularidades que presumen contrataciones a sobrecosto para un grupo de empresas cercanas al mandatario estatal.

Mario Maldonado destacó que el 8 de agosto de 2017, el alcalde del municipio poblano de Huaquechula, Edwin Mora Caballero, denunció penalmente a Barbosa ante la Fiscalía General del Estado de Puebla por una presunta presión del senador para asignar obras a sobrecosto a la empresa “Alta Transformación de Puebla”. Este modus operandi se repitió en múltiples ocasiones para asegurar recursos a diversas empresas vinculadas entre sí.

El periodista destacó que en esa denuncia, Mora Caballero relata que en una reunión celebrada en los alrededores del Senado, el 5 de septiembre de 2016, el secretario particular del senador Barbosa, Heliodoro Luna Vite, lo obligó a firmar por adelantado una licitación por 21 millones de pesos para rehabilitar una escuela secundaria en su localidad, en la que la ganadora del contrato era la empresa Alta Transformación de Puebla, cuyo representante legal era Julio Flores Romero, quien también estuvo presente en el encuentro.

Maldonado resaltó que de acuerdo con información del Registro Público de Comercio y de contratos celebrados en los Ayuntamientos del estado de Puebla entre 2013 y 2018, Flores Romero está vinculado con nueve razones sociales que obtuvieron contratos por 468 millones de pesos en obra pública, siempre compitiendo entre sí.

Pero -destacó el periodista- la mayoría de estos contratos no están reportados en la plataforma de compras gubernamentales Compranet, por lo que los montos de adjudicaciones podrían ser superiores.

“Las empresas señaladas como parte de la red que acaparaba los recursos para obras públicas gestionados por Miguel Barbosa son: Alta Transformación de Puebla, S.A de C.V.; Compañía JDC, S.A. de C.V.; Grupo Covyferco, S.A. de C.V.; Ingeniería Aplicada Vic, S.A. de C.V; Líder en Aplicación y Ejecución de Proyectos, S.A. de C.V.; Terracerrías y Caminos de la Sierra S.A. de C.V.; France Sam FR, S.A. de C.V.; Transformación e Infraestructura del Centro Sur, S.A. de C.V. y Urbanización en Obra Civil Fenix, S.A. de C.V”, reveló Maldonado.

Además, todas muestran irregularidades en sus direcciones fiscales —algunas incluso las comparten en domicilios que son de uso habitacional—, en sus claves de Registro Federal de Contribuyentes y en las firmas autógrafas de sus representantes legales.

El comunicador resaltó que uno de los casos más extremos es la empresa Líder en Aplicación y Ejecución de Proyectos, la cual muestra en sus sellos un inexistente RFC marcado con los números “160707699”, mientras que la empresa France Sam FR exhibe siempre documentación oficial con sellos en los que su nombre aparece como France Sam SR, S. A. de C.V.

“Según los cálculos del poblano Edwin Mora, el posible ‘moche’ que se llevó Barbosa en el caso de la obra pública para Huaquechula asciende a 28% del monto total que se adjudicó en ese entonces la constructora, es decir, por lo menos 140 millones de pesos de los casi 500 millones que gestionó el actual gobernador”, destacó Maldonado.

El periodista concluyó su columna señalando que este caso, junto con el de los actuales gobernadores perseguidos por los sobornos para aprobar las reformas estructurales del sexenio pasado, “podría estallarle pronto al mandatario poblano”.

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