La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó en la evaluación de incidencia delictiva, de su informe de seguridad correspondiente al mes de abril, que se ha dado un fuerte golpe al crimen al incautarles más de 72,000 metros en predios.
“Les hemos venido informando el tema de extinción de dominio, comentar que el número de metros se ha sentenciado a favor del gobierno es 72,143, una cifra que subió de manera significativa porque entró un rancho, le llaman el Rancho la Negra que fue utilizado para secuestro y que ya está a favor de la ciudad la sentencia”, declaró Godoy Ramos.
El Rancho la Negra fue escenario de un crimen en 2013, cuando sicarios de la Unión Tepito raptaron a 13 jóvenes del bar Heaven el 26 de mayo, posteriormente fueron encontrados en una fosa en este predio ubicado en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, los pertenecía a los secuestrados en el antro.
La Ley Nacional de la Extinción de Dominio, lo define como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los Bienes de carácter patrimonial cuya Legítima Procedencia no pueda acreditarse, en particular, Bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos. Ésta pérdida es declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados Bienes.
“Sin duda este intercambio ha sido muy enriquecedor para hacer una solida y eficiente aplicación de la extinción de dominio para debilitar y combatir a la delincuencia organizada en su ámbito financiero y patrimonial”, opinó para Infobae México, Ricardo Ruiz Suárez, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha sido catedrático e investigador del Departamento de Derecho de la UAM-Azcapotzalco.
Explicó que hay que destacar la importancia de contar con las reglas para que en la aplicación de este instrumento se tengan a salvo la seguridad jurídica, la propiedad privada y el debido proceso, así como la función social de su utilización, pues se ha planteado la utilización de los recursos obtenidos a través de la extinción de dominio para la indemnización de las víctimas, la implementación de políticas públicas que ayuden a la lucha contra la delincuencia organizada e inclusive se ha planteado la aplicación de estos recursos en programas sociales que permitan dar una oportunidad a esos jóvenes que orillados por la necesidad se involucran en actividades criminales.
Además de la necesidad de adecuar los marcos normativos de las entidades para que la aplicación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio se realice en estricto apego a derecho, en ese sentido, desde el Congreso de la Ciudad de México haremos una revisión de cada una de las leyes y códigos que deban reformarse para este fin.
“Coincido plenamente en que la extinción de dominio es una herramienta para combatir la estructura financiera de la delincuencia organizada, pero no debemos acotar su aplicación únicamente a los delitos cometidos por el crimen organizado, considero también, que es una herramienta muy valiosa en la lucha contra la corrupción. La extinción de dominio sobre los bienes que la persona servidora pública haya obtenido por medio de la corrupción y el posterior destino de esos recursos a las políticas públicas garantizaran la no repetición de los saqueos a la patria”, acotó.
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