La administración del gobierno mexicano gastó 588.3 mil millones de pesos (mdp) el año pasado para contener la violencia en el país, de acuerdo con un informe del Índice de Paz México.
La organización apunta que esa contención está distribuida en tres dimensiones: seguridad pública, fuerzas armadas y el sistema judicial. Al sumar el impacto en esos tres índices se observa un aumento del 2.3% con respecto a 2019.
Y si bien, las administraciones han incrementado los montos destinados a contrarrestar el principal problema del país, no se ha registrado el mismo financiamiento a cada área desde 2007.
Acorde a las políticas de austeridad, el gobierno actual ha recortado dinero al ámbito de la seguridad pública como el sistema judicial en tres de los últimos cuatro años. No obstante, los recursos para Fuerzas Armadas (FFAA) solo han crecido, llegando a su máximo histórico en 12 años.
“El gasto del gobierno en servicios de seguridad pública ha caído un 31.4% desde 2015”, destacó el informe. Mientras que el aumento se percibió porque están considerados montos de las FFAA.
Actualmente, el gasto de las FFAA es de 140 mil millones de pesos. Esto coincide con el mayor uso del Ejército para combatir los crímenes de la delincuencia organizada, según el reporte. Pero esa cantidad equivale al 0.5% de su Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del promedio mundial.
En cuanto a seguridad interna y sistema de justicia, México destina 0.73 de su PIB entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde el promedio es de 1.68.
“Dada la magnitud de las pérdidas directas por homicidio y delitos con violencia en México, un aumento en el gasto en contención de la violencia está bien justificado”, sugirió el informe.
De ese modo apunta que el país necesita incrementar sus jueces, pues ello mejoraría la capacidad del sistema legal y reducir sobrepoblación de cárceles y hacinamiento de aquellos que están encerrados en espera de sentencia.
México registra 2.2 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, la mitad de los que existen en otro países del continente y ocho veces menos que el promedio mundial.
“Este déficit limita la capacidad del sistema judicial para procesar los casos y genera una acumulación de casos sin resolver y personas encarceladas sin sentencia”.
El documento también señala que Baja California, Guerrero, Chihuahua y Guanajuato tienen altos niveles de violencia, pero su gasto per cápita está muy por debajo del promedio en seguridad pública y justicia.
Desde 2015, cada ciudadano de Colima ha visto un incremento de 352 pesos a su bolsillo para destinarlo al ámbito de la contención de violencia.
Para destinar recursos óptimos hay un escenario de desafío político, pues aumentos en el gasto significarían aumentos de impuestos o reasignación de fondos destinados a otras áreas.
“En México, la falta de capacidad en los sectores judicial y de seguridad conduce a una brecha de seguridad donde los costos derivados de la violencia superan con creces los costos de contención. Por lo tanto, lograr los niveles óptimos de gasto en seguridad pública es importante para aprovechar al máximo el capital”.
Entre las tendencias de los últimos cinco años, el informe reveló que el nivel de paz en México se ha deteriorado 27.2 por ciento.
El informe 2020 es la séptima edición del Índice de Paz México elaborado por el IEP, un think tank independiente, apartidista y sin fines de lucro dedicado a cambiar el enfoque mundial acerca de la paz para hacer de ella una medida positiva, factible y tangible del bienestar y el progreso humanos.
El IPM se basa en la metodología del Índice de Paz Global (IPG), la más reconocida medición de la paz en el mundo, que ha sido elaborado por el IEP cada año desde 2007.
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