
Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a la presidencia municipal de la capital de Veracruz por la coalición Va por México, fue señalado ante la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto responsable en los delitos de desvío de recursos, crimen organizado y lavado de dinero.
Julio Carranza, diputado federal por Morena, acusó que el militante del Partido Acción Nacional (PAN) que va en coalición con el PRI y el PRD es responsable de desviar una cantidad que ronda los 350 millones de pesos.
De acuerdo con lo señalado por Carranza Aréas, durante el gobierno estatal de Miguel Ángel Yunes Linares, su padre, Yunes Márquez desvió la cantidad señalada del sector salud a empresas fantasma. Agregó que posee la documentación que acredita el presunto delito.

“La Secretaría de Salud de Yunes Linares entregaba contratos millonarios a dichas empresas que sobrepasan el costo de los servicios que ellos generaban, de ese dinero que recibían pagaban un soborno a funcionarios de la Secretaría de Salud y el dinero que llegaba a las empresas que supuestamente prestaban el servicio, lo movían a través de una sofisticada red”, señaló el secretario de la Comisión de Marina en la Cámara de Diputados.
Después mencionó a otros dos personajes clave para la presunta triangulación de recursos, mismos que terminaban por entregarle los recursos a otras personas y de ahí al hijo del gobernador.
“El dinero iba a cuentas de Ricardo Medina Hernández y Román Corrón Chávez quienes lo entregaban a unos personajes y ellos a Miguel Ángel Yunes Márquez”, rescató Milenio de una de sus declaraciones a medios de comunicación.
Finalmente, reiteró su compromiso al enterarse de los presuntos desvíos y aseguró que se vio “obligado” a actuar de dicha manera.

“Como ciudadano y diputado federal estaba obligado a denunciar el mal manejo de los recursos del pueblo, que se han ido a las bolsas de una sola familia, los Yunes. Lo que nos corresponde como ciudadano y como funcionario público, es denunciar estos hechos para que la fiscalía se encargue de hacer su trabajo”.
Cabe destacar que esta no es la única investigación en torno a la familia Yunes, pues el pasado 18 de abril la fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero informó que abrió una investigación contra el ex gobernador.
A través de un comunicado oficial, la FGR explicó que derivado de un par de denuncias contra el militante del PAN se procederá con la investigación “ya sólo se está en espera de la información requerida al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para con ello avanzar en el procedimiento y en su caso, establecer las presuntas responsabilidades que puedan derivarse de dicha investigación”.
En 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo la responsabilidad de Santiago Nieto, presentó dos denuncias por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita que tuvieron lugar, presuntamente, durante la gestión de Linares en el instituto mexicano (2006-2010).

Aunado a esto, en 2019, Lorenzo Antonio Cortilla Vázquez, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, señaló presuntas irregularidades ante la FGR. Una de ellas fue en la contratación del sistema de video vigilancia de la entidad.
De acuerdo con lo pactado, el sistema de vigilancia estatal comprendió la instalación de 6,476 videocámaras, en distintos puntos de la entidad. Para materializar el servicio, se celebró un contrato por 1,100 millones de pesos, recursos que vendrían de la federación; no obstante, se señalaron incumplimientos de calidad en el equipo puesto en operación.
Al respecto, el ex gobernador de Veracruz aseguró que se trata de “una estrategia para lastimar a mis hijos”, pues se encuentran en campaña.
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