
Hoy se aprobó en el Senado de la República con 109 votos a favor, 7 en contra y una abstención, La nueva ley de la Fiscalía General de la República y la derogación de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, aprobada hace apenas tres años, y se reformaron 65 leyes más para su armonización. La propuesta aprobada incluye la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones; establece, entre otros puntos, que el titular de la FGR será nombrado por un periodo de nueve años, y que el presidente de la República enviará hasta tres ternas al Senado para su elección, en las que deberán ser incluidas mujeres.
En las modificaciones, destaca que la FGR tendrá la facultad de atraer casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución, tratados internacionales, leyes aplicables, y, las víctimas también podrán solicitar a la Fiscalía ejercer su facultad de atracción.
En el dictamen aprobado, el fiscal general podrá ser removido por el titular del Ejecutivo Federal por causas graves comprendidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas. También se establece que, en el Ministerio Público, su titular será propuesto por el presidente y ratificado por el Senado. El dictamen será sometido a discusión y votación del Pleno del Senado.
Sin embargo, es preocupante que el dictamen aprobado incumple con las obligaciones de proteger, garantizar y respetar los derechos de las víctimas y de todas las personas ante violaciones a sus derechos humanos.

Queremos alzar la voz para hacer notar que la reforma no busca impulsar el derecho de las víctimas, lo cual, en sí, es una violación a nuestra obligación de garantizar, siempre, el derecho de acceso a la justicia.
Existen voces críticas, entre ellos la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y las Comisiones Estatales de Búsqueda, afirman que la nueva ley representa una regresión que cancela derechos ya alcanzados por las víctimas frente al ministerio público; y debilita las obligaciones de la FGR ante los mecanismos de derechos humanos;
Tenemos que hacer que la FGR retome su responsabilidad con relación a las víctimas migrantes en el Mecanismo de Apoyo al Exterior, al tiempo que tenemos que garantizar la facultad de atracción y la autonomía ministerial. Necesitamos una fiscalía al servicio de la ciudadanía y dispuesta a trabajar de forma interinstitucional.
Tenemos una obligación con los derechos a la verdad y a la justicia.

No podemos estar a favor de una Ley que crea obstáculos para la búsqueda de personas desaparecidas. Todas y todos tenemos el derecho de ser buscados. La investigación está intrínsicamente relacionada con la búsqueda, no podemos evadir la obligación de investigar y buscar personas.
Tenemos una deuda ante la crisis humanitaria que enfrenta nuestro país con más de 87 mil personas desaparecidas; más de cuatro mil fosas clandestinas localizadas, y decenas de miles de cuerpos sin identificar, mientras prevalece la impunidad, ya que apenas se han dictado 35 sentencias condenatorias de primera instancia a nivel nacional por los delitos de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares.
Desde la 4T luchamos contra el México que nos heredó el PRIAN, un México sumido en la corrupción y la impunidad. No somos iguales y no podemos fallarle a la ciudadanía que nos dio su voto para transformar al país y convertido en un lugar más justo. Tenemos que garantizar que la Ley sea justa y sea un instrumento para hacer que los Derechos Humanos sean una realidad que los gobiernos del régimen neoliberal han evadido por muchos años.
*Senador de la República por el Estado de Zacatecas, en representación del partido Morena
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