Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro en Derecho Público por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Su formación como abogado y experiencia lo colocaron como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en noviembre de 2020, pero a lo largo de este martes fue el principal señalado sólo por una cosa: votar a favor de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por el estado de Guerrero, a pesar de los señalamientos de agresión sexual y violación contra varias mujeres.
Cuando llegó a este puesto, se aseguró que se mantendría el control del bloque dominante del TEPJF, integrado por Mónica Soto, Felipe de la Mata y los propios Vargas y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, pues tienen una disputa abierta con los ministros Janine Otálora, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez Mondragón.
Sin embargo, sus polémica y señalamientos no comenzaron ahí, ya que desde hace casi seis años ha sido conocido por estar a favor de la administración en turno, pues el 4 de noviembre del 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue designado magistrado Electoral de la Sala Superior del TEPJF.
Durante su periodo, propuso y aceptó perdonar las “tarjetas rosas” mediante las cuales se prometieron dádivas en las elecciones de 2017 en el Estado de México y en Coahuila, que entidades ganadas por gobernadores priistas.
Además, en 2019, fue el autor de la resolución que pretendía echar para atrás la elección de Puebla y ordenar nuevo comicios, cuando obtuvo el triunfo la fallecida Martha Ericka Alonso, del Partido Acción Nacional (PAN), sobre el morenista Miguel Barbosa, hoy gobernador de la entidad.
No obstante, uno de sus más grandes escándalos se dio ese mismo año, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó a vigilar su actividad económica debido a movimientos irregulares en sus cuentas bancarias.
En sólo cuatro años, de 2013 a 2017, cuadruplicó sus ingresos. Durante ese lapso fueron detectados diferentes depósitos en efectivo por parte de algunos gobiernos estatales, así como un uso “fuera de lo lógico” de su tarjeta de crédito.
Gracias a estas acusaciones, además de la compra de varias residencias en Miami, Valle de Bravo, Lomas de Chapultepec y Polanco, con costos más altos a los de sus ingresos anuales de 2 millones 400 mil pesos, fue bautizado como “Magistrado Billetes”, quien, presumiblemente, se ha visto beneficiado por aquellos políticos que lo “necesitan” para acordar decisiones dentro del TEPJF.
En lo que va de su gestión, y meses antes de asumirla, llevó a cabo algunas acciones contra grupos opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido que fundó, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). También ha auxiliado a personas cercanas a este círculo político y social, acciones que han sido señaladas por personajes públicos y ciudadanos a través de diferentes canales de comunicación.
Por ejemplo, en octubre de 2020, impulsó un proyecto de sentencia para negar el registro al partido México Libre, encabezado por Margarita Zavala y su esposo, Felipe Calderón. El 14 de octubre de ese año, se votó y aprobó esta decisión, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) ya había rechazado también su registro.
Para noviembre de 2020, ya como nuevo presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Vargas ayudó a López Obrador al alargar “de manera indefinida” la investigación contra su hermano, Pío López Obrador, luego de que se dieran a conocer algunos videos donde se le observa recibiendo dinero para financiar a Morena.
Además, ha sido un arduo protector de las conferencias matutinas del Ejecutivo Federal, pues las ha defendido hasta en tres ocasiones, luego de que el INE ha intentado acotarlas por su contenido electoral y múltiples señalamientos contra la prensa, otros partidos políticos y personajes públicos.
Para este martes, ante la segunda vuelta por el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, se quedó prácticamente solo, ya que simplemente Mónica Aralí Soto Fregoso lo apoyó en su sufragio a favor. Ambos argumentaron que no debía de ser bajado de la contienda ya que la individualización de la sanción acata un criterio que carece de fundamento legal, pues sí cometió el delito, pero no debió ser suficiente para retirarle sus derechos políticos.
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