Senado aprobó las reformas para regular el outsourcing y “eliminarlo” en el país

En un sesión de consenso y considerada por muchos legisladores “histórica”, el Senado aprobó en lo general y en lo específico la reforma que regula y restringe sustancialmente la subcontratación laboral en México, conocida como outsourcing, luego de una larga negociación encabezada por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, con empresarios y sindicatos.

El Pleno del Senado validó las reformas, previamente aprobadas en la Cámara de Diputados, con 118 votos a favor y dos abstenciones. El dictamen será enviado al Ejecutivo, para su firma, publicación y entrada en vigor.

Con esta reforma, se explica en el dictamen, las empresas no podrán contratar trabajadores a través de la figura del outsourcing para realizar tareas permanentes o esenciales. Además, se establecen reglas precisas para que la subcontratación pueda realizarse en casos de trabajos especializados y efímeros, que no formen parte de las labores esenciales y permanentes de la empresa.

El dictamen señala que el outsourcing menoscaba al fisco federal con la expedición de facturas que surgen de la simulación, además elude el cumplimiento de las responsabilidades y cargas de seguridad social, “connaturales a toda relación de trabajo”.

“No se desconocen las ventajas importantes que este régimen de contratación laboral genera para el desarrollo de la economía mexicana. Pero no pasa por alto la existencia de prácticas excesivas, abusivas o simuladas, en perjuicio de los derechos de los trabajadores y de la propia actividad económica”, señaló en su turno en la tribuna Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, el partido de la mayoría.

Las reformas aprobadas tuvieron un fuerte respaldo en el Congreso mexicano. La senadora Xóchitl Gálvez, del opositor PAN (Partido Acción Nacional), festejó la prohibición del outsourcing en su turno l micrófono.

“Yo creo que el problema no es la subcontratación, el problema de fondo es que esas empresas no le paguen los salarios legales, las prestaciones a los empleados. Por lo tanto, creo que es adecuado que quede claramente prohibido la subcontratación ilegal, que era una simulación por parte de las empresas”, señaló.

La reforma establece que el patrón que no permita la inspección y vigilancia, que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, será acreedor de una multa de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 22,400 y los 4480,000 pesos.

En cuanto a la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de éstos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Asimismo, el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador, o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, y que se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.

Además, la subcontratación deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios u obras y el número de trabajadores que participarán. La persona física o moral que subcontrate con una contratista que incumpla obligaciones derivadas de las relaciones con sus trabajadores será responsable solidaria y deberá proporcionar cuatrimestralmente la información de los contratos celebrados en ese periodo.

A quien realice subcontratación, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación, sin contar con el registro correspondiente, conforme a lo establecido en la ley, se le impondrá multa de 2,000 a 50,000 veces la UMA, es decir, desde los 44,800 hasta los 179,240 pesos.

La senadora morenista Cecilia Sánchez presumió que con la propuesta aprobada pretende que, al eliminar la discrecionalidad del cálculo de reparto de utilidades lo que significará un incremento de hasta un 156 por ciento. Además, se establece la obligación de las empresas a inscribirse en el Registro Nacional de Subcontratación.

“Destaco que estas reformas están acompañadas de un trabajo conjunto donde se incorporan iniciativas de distintos grupos parlamentarios y se tomaron en cuenta diversas opiniones de especialistas, académicos, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales, consejos, funcionarios públicos y público en general, que participaron en el Parlamento Abierto en materia de subcontratación laboral”, detalló.

“Es decir, estas reformas que hoy discutimos y en las que me pronuncio a favor, van de la mano de la transformación profunda que demanda el pueblo de México, con justicia social y mayor igualdad en las condiciones de vida de millones de mexicanas y mexicanos”, concluyó.

Sin embargo, y a pesar de estar a favor de la reforma, el senador Juan Zepeda (Movimiento Ciudadano) criticó al Senado, pues los trabajadores de limpieza y de la zona de estacionamientos todavía se encuentran contratados bajo la modalidad de outsourcing. “El buen juez por su casa empieza”, señaló, ante los aplausos de la oposición. Al pedido se sumaron otros legisladores al emitir su voto.

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